Los jubilados enfrentan una erosión significativa de su capacidad de compra como resultado de las políticas de austeridad fiscal aplicadas por el gobierno nacional. Conforme al informe más reciente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), quienes cobran jubilación acumulan una merma promedio de $7,3 millones de pesos en términos de poder adquisitivo respecto a lo que ganaban en 2023, lo que equivale a una disminución real del 23% en términos generales y del 30% para los que reciben el haber mínimo.

En la actualidad, el 63% de los adultos mayores percibe la jubilación mínima, que luego del incremento del 2,1% programado para septiembre llegaría a $428.590. Si se suma el bono complementario, el ingreso total sería de $498.590, aún insuficiente para alcanzar los montos considerados necesarios para la subsistencia de este grupo.

El congelamiento del refuerzo extraordinario constituye uno de los principales responsables del deterioro.

En particular:

• Pérdida acumulada por el bono: El bono de $70.000 se encuentra sin modificaciones desde marzo de 2024. De acuerdo con análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si este suplemento hubiese seguido la fórmula de movilidad que rige, habría debido alcanzar $209.991 a mediados de 2026. Esta decisión administrativa generó una pérdida directa de $2.225.714 por beneficiario.
• Eliminación del reintegro de IVA: La suspensión del programa Compre sin IVA para jubilados con ingresos de hasta tres haberes mínimos impactó directamente sobre 5,2 millones de personas, equivalentes al 86% del padrón.

La dificultad para cubrir gastos esenciales transformó las conductas financieras de este sector. Un sondeo realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia mostró que la mora en el pago de deudas bancarias y comerciales pasó del 4,1% al 11,4% durante el último año, triplicando los indicadores previos.

Ante esta situación, se incrementó el porcentaje de jubilados que recurre al consumo de ahorros acumulados anteriormente (35%), créditos personales (14,4%), ayuda de familiares (14%) o venta de pertenencias (10,4%) para poder vivir.

Simultáneamente, el Instituto Argentina Grande (IAG) documentó que más de 22.000 personas mayores de 66 años ingresaron a trabajos informales o de «desempleo blue» en el transcurso del último año. Este conjunto de trabajadores sin protección social pasó de representar el 3,8% al 7,7% del total de adultos mayores durante el primer trimestre.

Los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, que dirige Eugenio Semino, evidencian la gravedad de la brecha existente entre lo que perciben y lo que necesitan gastar. En marzo, la Canasta Básica del Jubilado alcanzó $1.824.682, con lo cual un haber mínimo apenas logra cubrir el 27% de los requerimientos elementales. Los rubros que integran la canasta se distribuyen de la siguiente manera:

• Medicamentos y salud: $503.600
• Alimentación: $410.640
• Vivienda: $360.150
• Servicios básicos: $151.350

Mientras se desarrolla el debate acerca de los montos de jubilación, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la activación de un procedimiento orientado a transferir fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses hacia el financiamiento hipotecario. El mecanismo contempla la subasta de $2 billones de pesos (aproximadamente US$ 1.500 millones) en plazos fijos a 1 y 5 años que servirán para financiar a instituciones bancarias, bajo la condición exclusiva de que los fondos se destinen a créditos para la compra de inmuebles. Las entidades financieras deberán abonar al FGS una rentabilidad mínima de UVA + 2,5% (plazo de un año) y UVA + 4,5% (plazo de cinco años).

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