La presentación también menciona a personas de su entorno y deberá ser investigada por la Justicia Federal.

La actual Defensora General de Salta y exjueza de Garantías, Ada Guillermina Zunino, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Habría sido denunciada ante la Fiscalía Federal de Salta en una presentación realizada por la abogada Micaela Plaza Amado, que describiría una presunta trama de irregularidades dentro de la Justicia salteña y alcanzaría también a otras personas de su entorno. Entre los hechos puestos en conocimiento de la Justicia aparecerían posibles delitos de encubrimiento, cohecho o corrupción, abuso de autoridad, amenazas y coacción, además del supuesto ejercicio ilegal de la abogacía atribuido a Marcelo Fernández. La presentación también incorpora un episodio separado de presunto acoso y tocamientos que Plaza Amado atribuye a Sebastián Martínez, pareja de Zunino y también vinculado al Poder Judicial. Un conjunto de acusaciones de enorme gravedad que ahora deberá ser investigado y eventualmente probado por la Justicia.

La acusación potencialmente más grave contra Ada Zunino estaría relacionada con una causa por venta de drogas que involucraba al sargento penitenciario Rodrigo Esteban Martínez. Según la versión de Plaza Amado, después de que Zunino habría dispuesto la libertad del acusado, Marcelo Fernández se habría presentado con dinero y le habría dicho que una parte debía entregarse a la entonces jueza y otra al abogado Feliciotti como contraprestación por su intervención. La denuncia también plantearía que Zunino podría haber protegido a Fernández mientras este presuntamente se desenvolvía como abogado sin contar todavía con el título habilitante.

Los hechos que habrían originado la denuncia

La historia habría comenzado en 2019, cuando Plaza Amado conoció a Marcelo Fernández, quien se presentaba como abogado, frecuentaba tribunales y participaba de actividades institucionales. Ambos habrían iniciado una relación profesional y posteriormente afectiva. Tiempo después, Plaza habría descubierto que Fernández habría obtenido su título recién el 1 de octubre de 2020. Según su relato, cuando lo enfrentó por esta situación, Fernández le habría asegurado que contaba con protección dentro del Poder Judicial y habría mencionado particularmente su cercanía con Zunino.

La relación habría terminado de quebrarse con el episodio del dinero. Según la reconstrucción publicada por Opinorte, Plaza habría rechazado participar de esa supuesta operación y, desde entonces, habría comenzado a sufrir situaciones que interpretó como intimidatorias: dificultades profesionales, amenazas, marcas en su domicilio, un intento de robo y hasta la aparición de un animal muerto en su garaje. Fernández presuntamente le habría advertido que esas situaciones se producían por haberse enfrentado a “la doctora”. Todas estas circunstancias forman parte de la versión de la denunciante y deberán ser corroboradas por la investigación.

Quién es quién en la trama

Ada Zunino es la figura institucional de mayor jerarquía mencionada. Era jueza de Garantías al momento de varios de los hechos denunciados y actualmente ocupa la Defensoría General de Salta. Su nombre ha quedado además recurrentemente vinculado, desde distintos sectores políticos, judiciales y periodísticos, con el oficialismo provincial. Fuentes del Grand Bourg consultadas por este medio sostienen incluso que mantendría una relación política directa con Nicolás Demitropulos. Se trata, en este último caso, de una versión de fuentes que deberá ser contrastada y que no equivale a un hecho judicialmente acreditado.

Micaela Plaza Amado es la abogada denunciante y quien afirma haber conocido desde adentro los episodios que ahora puso en conocimiento de la Justicia Federal.

Marcelo Fernández sería el personaje que conectaría a Plaza con Zunino: habría mantenido vínculos cercanos con la magistrada y estaría acusado de haberse presentado y ejercido como abogado antes de obtener su título, además de las presuntas amenazas y coacciones posteriores.

Sebastián Martínez, pareja de Ada Zunino y también vinculado al Poder Judicial, aparece en otro capítulo de la historia. Según la presentación de Plaza Amado, habría sido denunciado separadamente por un presunto episodio de acoso y tocamientos ocurrido en 2025. Se trata de una acusación distinta de los hechos atribuidos a Zunino, pero que la denunciante incorpora al describir el entorno y la sucesión de episodios que asegura haber padecido. Como en el resto de las imputaciones mencionadas, el hecho deberá ser investigado y probado judicialmente.

Rodrigo Esteban Martínez, en cambio, es otra persona: se trataría del sargento penitenciario acusado de venta de drogas cuya liberación habría dado origen al episodio del supuesto dinero destinado a Zunino. También aparecen mencionados otros abogados, jueces y funcionarios que habrían tenido distintos grados de relación con ese círculo, aunque su sola aparición en el relato no implica responsabilidad penal alguna.

Ada Zunino, las controversias y una ambición que iría por más

Ada Zunino no es, entonces, una funcionaria judicial ajena a las controversias. Su trayectoria como jueza de Garantías estuvo atravesada por denuncias, recusaciones, pedidos de jury y fuertes cuestionamientos públicos. Pese a esos antecedentes, el gobierno de Gustavo Sáenz impulsó su ascenso hasta la Defensoría General de Salta.

Y sus ambiciones no terminarían allí. Fuentes del ámbito judicial aseguran que Zunino aspiraría incluso al sillón que hoy ocupa el procurador Pedro García Castiella y que ya habría comenzado una fuerte operación política y judicial para posicionarse como eventual sucesora. Se trata de movimientos atribuidos por esas fuentes y no de una candidatura formalizada públicamente.

Mientras esa disputa comienza a moverse entre despachos, una nueva y grave denuncia vuelve a colocar el nombre de Ada Zunino bajo sospecha. Será la Justicia Federal la encargada de establecer si las acusaciones pueden probarse y determinar eventuales responsabilidades. Pero, mientras tanto, la controversia vuelve a instalar una pregunta inevitable en la Justicia salteña: hasta dónde llegan las relaciones entre poder político, influencia judicial y quienes aspiran a ocupar los cargos más importantes del sistema.

El Intra