Un trámite que debería formar parte de las prioridades de funcionarios que se pretendan honestos, es adeudado por decenas de ellos, se trata de la declaración jurada de bienes patrimoniales.

La Escribanía de Gobierno dio a conocer el listado de funcionarios públicos que adeudan la presentación del trámite comprendido en las leyes 3382 y 6547, en el período que va desde el 7 de noviembre de 2023 al 19 de enero de 2024.

Como se sabe, la declaración jurada de bienes patrimoniales tiene el propósito de poner un punto de partida al momento de ingresar a la función pública, la cual se coteja al finalizar la misma, toda vez que cualquier crecimiento debe estar justificado, lo cual, lamentablemente, no siempre sucede.

En una primera instancia, se dejó constancia un amplio listado de municipios que no presentaron el listado de funcionarios obligados por Ley a presentar la declaración jurada. Allí aparece en primera instancia el municipio de Salta y otros 47, sobre un total de sesenta de toda la Provincia.

Ejecutivos de SAETA

Miguel Castronuevo, María Silvina González, Claudio Juri, José Alberto Sajia, director, gerente legal, gerente general y gerente de operaciones y transporte de SAETA, respectivamente, aparecen en el listado.

La opacidad de la Sociedad Anónima que administra el sistema de transporte público, como se ve, no sólo se pone de manifiesto con el desconocimiento de los balances contables, sino también en estos aspectos.

El listado lo completan el director de Deporte Inclusivo de la Secretaría de Deportes, la Jefa de Programa Apoyo Administrativo-Dirección de Gestión Administrativa, del ministerio de Seguridad, Natalia Raquel Flores y la gerenta de atención a las personas del hospital Melchora Figueroa, Sandra Fabiana Torino.