El edil libertario Pablo Emanuel López está al borde de la destitución tras una denuncia penal por extorsión sexual en Salta, y es que un audio filtrado revela cómo condicionaba parte del sueldo de una militante, y ex pareja, a cambio de favores sexuales. Las consecuencias institucionales podrían ser demoledoras.

En la grabación, López ofrece un trato indignante: prometería “descontar 10 mil pesos por cada chupada de pito” que ella accediera a darle, mientras mantenía retenidos fondos de su salario de 500 mil pesos. Además, y como si esto no fuera suficiente, la Justicia ya ordenó secuestrar su celular como parte de la investigación en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que también le entregó un botón antipánico a la denunciante.

Cargado de hipocresía, López había sido ferviente crítico del exconcejal “Pitu” Colque, sancionado años atrás por violencia de género. Ahora, él mismo podría afrontar un juicio político ejemplar en pocas semanas, impulsado por sectores del Concejo Deliberante para bloquear que eventualmente asuma el mandato para el que fue votado en las elecciones provinciales de medio tiempo en el mes de mayo pasado.

El escándalo explotó el 17 de julio con la viralización del audio en todos los medios de la provincia de Salta. En el mismo la denunciante, convencional municipal electa y militante del mismo espacio, dejó en evidencia el entramado de violencia institucional, económica, física y sexual sufrido desde 2019.

La renuncia presentada por López fue enviada al Concejo Deliberante capitalino, pero aún no fue tratada: el cuerpo intentará procesarla en una sesión extraordinaria en los próximos días. Si rechaza la dimisión, la única vía para quitarle sus derechos políticos será un juicio político que varios ya reclaman con urgencia.

La gravedad institucional es incuestionable: la filtración de audios donde un funcionario abusa de su poder para extorsionar sexualmente demuestra un desprecio absoluto por los valores democráticos y el respeto a la integridad de las personas. El Concejo no puede permitirse el lujo de seguir amparando a un militante que convierte su banca en moneda de cambio.

Las señales son claras: de avanzar el juicio político, Pablo López no solo sería destituido y separado definitivamente, sino que se marcaría un antes y un después en la lucha contra la impunidad política en Salta.

Las claves de la semana estarán relacionadas a: el operativo judicial para el secuestro de celulares confirma que la Justicia ya considera viable corroborar las acusaciones por amenaza, encubrimiento y manipulación de pruebas.

Dirigentes del Concejo Deliberante salteño, Gustavo Farquharson entre otros, exigen juicio político para impedir que López regrese en diciembre al cuerpo legislativo. El caso no se trata solo de un audio aislado, ya que la presentante denunció violencia sexual, física, psicológica y económica desde un vínculo sentimental iniciado en 2019.

López está acorralado, pero el Concejo Deliberante de Salta y la Justicia deben avanzar hasta las últimas consecuencias. El mensaje político que se envíe ahora será la prueba de que no hay impunidad para los abusos de poder y las violencias sexuales en la función pública de la provincia de Salta.

Nova salta