En la primera semana del período de sesiones ordinarias, se acumulan los proyectos relacionados con los jubilados, las relaciones laborales y la educación. Diputados todavía debe conformar algunas comisiones.

La semana cerró con un encuentro de casi cuatro horas entre funcionarios del Ejecutivo y los gobernadores. En ese y otras reuniones se analizaron proyectos que marcarán la agenda del Congreso para los próximos meses. Los bloques políticos en las Cámaras ya hacen números pensando en la sanción de las diferentes iniciativas.

La fórmula de movilidad jubilatoria

Hacemos Coalición Federal que preside el diputado Miguel Pichetto, de la mano de los lilitos encabezados por Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, presentaron un proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria. Un tema planteado por el Gobierno en la discusión de la Ley de Bases y mencionado por el presidente Javier Milei en su discurso del 1 de marzo. López señaló en los fundamentos que la actual ley votada durante el gobierno de Alberto Fernández y que la Coalición Cívica rechazó, “desacopló los haberes jubilatorios de la variación de precios. Como resultado, tras años de alta inflación, los jubilados han perdido gran parte de su poder adquisitivo”.

En su proyecto especifican que “los haberes jubilatorios se ajustarían mensualmente según la variación del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la actualización. En el caso de la primera actualización – que tendría lugar en abril-, los ingresos serían complementados con un aumento general del 20,6% reflejando la inflación de enero. En consecuencia, durante abril, las prestaciones se ajustarían conforme a la inflación de febrero más el aumento del 20,6% de la inflación de enero”.

Emilio Monzó, Juan López, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño y el resto de la bancada presentaron un pedido de sesión especial, como informó TN, para el próximo miércoles. “Los jubilados no pueden esperar”, sostuvieron. Paralelamente, desde el Pro María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo sumaron su proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria, también ajustada por inflación.

Educación como servicio esencial

Desde el Senado, la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, propone declarar como esencial el servicio de educación, como el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario, secundario, terciario, universitario y especial. En los fundamentos expresa: “No podemos ante esta emergencia perder días de clase por huelgas que no garantizan el mínimo del servicio de educación”. El año pasado impulsó declarar la emergencia educativa. Alejandro Finocchiaro y Ritondo (Pro) sumaron una iniciativa similar en la Cámara Baja. Esta idea está en sintonía con un proyecto que está trabajando el Ejecutivo.

Mientras que el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, replicó un proyecto que el año anterior impulsaron los exministros Sergio Massa y Jaime Perczyk, sobre expansión del financiamiento educativo. El diputado rosarino en sus fundamentos entendió que “se establecen las bases para garantizar la inversión educativa, de tal manera que aumente anualmente, hasta alcanzar en el 2032 el 8% del PBI. Esta inversión estará destinada, en un 6,5% del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente. Y 1,5% del PBI a la educación universitaria”.

La Ley de Incentivo docente unificó a la oposición

Los recortes en el área de Educación unieron a la oposición, que pide que se restablezcan por ley el Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Programas educativos nacionales y Fondo de infraestructura. La salteña Pamela Calletti de Innovación Federal, un bloque de ocho legisladores con terminales en los mandatarios de fuerzas provinciales, presentó una iniciativa. “El Fonid se creó con el propósito de mitigar la disparidad salarial docente entre las diferentes regiones del país. Y se encontró incluida en los presupuestos nacionales, tal como está en estos momentos en el presupuesto 2023 que el PEN prorrogó”, redactó en sus fundamentos. Su comprovinciano Pablo Outes sumó otro proyecto al respecto.

Máximo Kirchner, Hugo Yasky y Cecilia Moreau presentaron desde UxP el restablecimiento del Fonid de forma permanente desde el 1 de enero de este año. Desde el mismo bloque incorporó su proyecto Silvana Ginocchio. Hacemos Coalición Federal, con las firmas de Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Esteban Paulon y Natalia De la Sota, se sumó a la permanencia del Fondo del incentivo convocando, además, a una sesión especial para el martes 19 de marzo.

Los radicales también pidieron la continuidad, lo hicieron con un proyecto firmado por Julio Cobos, Natalia Sarapura, Danya Tavela y Gabriela Brouwer de Koning, entre varios diputados. Señalaron que el Fonid “se torna indispensable en un contexto de emergencia económica”. Romina del Pla y el resto de los diputados del Frente de Izquierda se sumaron con su proyecto al reclamo. Por el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) expresó también preocupación por la eliminación del Fonid. Desde UxP acompañaron un proyecto de los senadores por Catamarca, Lucía Corpacci y Guillermo Andrada.

Democratizar los sindicatos

El presidente Milei planteó ante la asamblea el tema de la democratización sindical. La radical Soledad Carrizo viene bregando sobre este punto desde el año 2018, modificando la Ley de Asociaciones Sindicales. “Establecemos un límite a las elecciones sindicales indefinidas, estableciendo un mandato por cuatro años y reelegible por cuatro años más. Creemos que la perpetuidad en el poder de las cúpulas sindicales no hacen bien a la democracia interna”, dijo la diputada UCR por Córdoba.

También sumó un proyecto la legisladora Roxana Reyes que impulsa la creación de la ficha limpia sindical. “Establecemos mínima idoneidad para llevar adelante la representación de los trabajadores y para que nunca más un condenado por corrupción tenga a cargo la conducción de un sindicato”, fundamentó.

Mientras que otro radical, Luis Picat busca disminuir costos laborales eliminando los llamados aportes solidarios. Contribuciones que trabajadores y empresas hacen obligadamente a sindicatos y rondan entre el dos y el nueve por ciento del salario bruto. “Este aporte compulsivo disminuye el salario de los trabajadores y aumenta los costos laborales no salariales, lo que atenta contra la generación de empleo genuino”, manifestó el diputado.

Fin a las jubilaciones de privilegio

El libertario por Salta, Julio Moreno Ovalle, presentó una iniciativa que busca eliminar las jubilaciones de privilegio para presidentes, vicepresidentes y modificar la de jueces y diplomáticos. Copia textual de lo presentado por Javier Milei en la Ley Ómnibus.

“El que fue presidente o vicepresidente ha tenido el honor, tiene que ser un cargo honorífico y es un trabajador como cualquiera, nada más que tiene una responsabilidad mayor y también tendrá una retribución mayor”, le dijo a TN el diputado de La Libertad Avanza.

El legislador destaca en sus fundamentos que además de las jubilaciones que cobran los expresidentes (tomando datos a diciembre pasado) Cristina Kirchner (12 millones de pesos, ya que se le suma la pensión de Néstor Kirchner), Mauricio Macri (5,7 millones de pesos), Adolfo Rodríguez Saa (5,5 millones de pesos); también perciben los familiares de Fernando De la Rúa, su viuda Inés Pertiné (4 millones de pesos), Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem (4,7 millones de pesos), Betty Andrés, viuda de Roberto Levingston (3,7 millones de pesos) y Amalia Guido, hija del expresidente José María Guido (2,9 millones de pesos).

Desde hace años, la diputada Marcela Campagnoli (Hacemos Coalición Federal) viene presentando una iniciativa en el mismo sentido.