Salta se convirtió en uno de los principales focos de una investigación judicial vinculada al otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez. El caso surgió a raíz de irregularidades detectadas en la documentación médica presentada por beneficiarios que, en muchos casos, ni siquiera residían en la provincia. Las autoridades federales ya pusieron bajo la lupa cerca de 58 mil expedientes, y se estima que más de un tercio de ellos serían fraudulentos.

La maniobra fue detectada a partir del accionar de un médico de Joaquín V. González, quien emitía certificados falsos para personas oriundas de Chaco. A partir de allí, se amplió la causa y se descubrió una red que involucraría a personal de ANSES, bioquímicos y autoridades municipales. Según fuentes cercanas, el perjuicio al Estado sería de varios miles de millones, generado por el cobro indebido de pensiones durante años.

El operativo incluye pericias, declaraciones testimoniales y análisis de documentación duplicada, donde se detectaron estudios veterinarios presentados como pruebas médicas humanas. En algunos municipios del interior, el otorgamiento de estos beneficios era parte de un sistema sistemático de corrupción.

Las auditorías que se realizan en todo el país revelan que solo el 7% de las pensiones evaluadas cumplen con los criterios establecidos por ley. En Salta, localidades como El Quebrachal y Talavera se encuentran en el centro de la escena por la cantidad de trámites irregulares. La Agencia Nacional de Discapacidad ya remitió información clave a la Justicia y se esperan medidas contundentes en el corto plazo.

Entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones por invalidez laboral creció de forma exponencial en todo el país, generando sospechas sobre el control de los recursos públicos. La nueva gestión nacional decidió iniciar una revisión profunda de todos los expedientes y no descarta eliminar cientos de miles de beneficios que no cumplan con los requisitos legales.

Voces Críticas.