Con 3.641 hechos registrados en 2025, la provincia se consolida como la segunda con mayor tasa de criminalidad administrativa en el NOA. El crecimiento es imparable y la Capital se convierte en el epicentro de las irregularidades que sacuden al Estado.

 Salta cerró el año 2025 bajo una sombra estadística que horroriza: se contabilizaron 3.641 delitos contra la administración y la fe pública, marcando el registro más alto en los últimos 11 años. Esta cifra no solo supera el pico previo de 2017, sino que confirma una tendencia de corrupción al alza que ha escalado de manera ininterrumpida desde 2018, posicionando a la provincia con una tasa de 244,9 casos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 148,2. 

La capital: el foco donde estalla la corrupción

El análisis territorial revela que el crecimiento de la criminalidad no fue uniforme. Mientras que en los departamentos del interior el aumento fue moderado, la Capital concentró el grueso de los hechos, pasando de 1466 registros en 2024 a 2136 en 2025. Este salto de 670 casos en solo un año evidencia una crisis de transparencia en el centro político y administrativo de la provincia.

Dentro del desglose criminal, los delitos contra la administración pública, que incluyen figuras graves como malversación de caudales, cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, fueron el motor principal del incremento, sumando 3409 hechos. Por otro lado, los delitos contra la fe pública, que abarcan la falsificación de documentos y moneda, alcanzaron su mayor nivel desde 2014, en una dirección contraria a la del resto de la Argentina, donde este tipo de delitos tendió a la baja.

Salta en el ranking regional y nacional

La situación de Salta es crítica en comparación con sus vecinos. La provincia ostenta la segunda tasa más alta del NOA, siendo superada únicamente por Tucumán (334,8) y dejando atrás a Jujuy (217,1), Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. A nivel nacional, Salta ocupa el octavo puesto en incidencia de estos delitos, una posición impulsada mayoritariamente por las irregularidades en la gestión pública. 

El impacto judicial ya se hace sentir. Durante el último período informado, la Justicia de Salta registró el ingreso de 814 nuevas causas bajo estas categorías, lo que representa un repunte en la actividad de los tribunales frente a este tipo de criminalidad. El escenario actual plantea un desafío urgente para el Gobierno y los organismos de control, en un contexto donde la confianza ciudadana se ve vulnerada por cifras de fraude y desfalco administrativo que no dejan de crecer.

Fuente: Gente de Salta sobre datos del SNIC-SAT, Ministerio de Seguridad Nacional e INDEC.