El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca del sur de Salta, en Joaquín V. González.

Diez trabajadores rurales del sur de Salta recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños por haber sido víctimas de trata laboral. Se hizo en el marco de un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. La investigación se inició en noviembre de 2023, en la localidad de Joaquín V. González

El acuerdo -cuyos pagos ya fueron cancelados por el imputado- fue homologado el 5 de mayo pasado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial, en representación del acusado Ángel Gustavo Enríquez.

El caso en Salta

En la presentación del acuerdo de conciliación, uno de los institutos legales contemplados en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para resolver los conflictos penales, el fiscal repasó que el hecho surgió de un operativo de inspección llevado a cabo el 9 de noviembre del 2023 en el sur de la provincia.

El mismo se realizó en la finca “Suri Blanco”, ubicada en la localidad de Joaquín V. González, por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, dependiente del gobierno provincial.

Al llegar al lugar, los inspectores descubrieron a una decena de trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte. Además del alambrado perimetral, encontraron una casilla, tipo tráiler, con cuchetas y precarias condiciones de trabajo.

Condiciones insalubres

Por su parte, los obreros revelaron que fueron contratados para tales tareas por Enríquez. En cuanto a las condiciones laborales, expresaron que no les fue proporcionada ropa adecuada ni tampoco herramientas. Por ese motivo, utilizaban sus propios picos, palas, hachas y machetes.

Tampoco se constató provisión de agua potable segura, ni condiciones de higiene apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores informaron que tenían la orden de comunicarse con Enríquez, a fin de ser trasladados hasta Joaquín V. González.

El contratante, según agregaron, era también el encargado de buscarlos desde la localidad vecina de Las Lajitas para llevarlos a la finca. Allí permanecían por 15 días, cuando los iba a buscar para su retorno. Asimismo, explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena. A ello se le hacía un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos. Estos eran provistos por el mismo hombre que los trasladaba a la finca.

Intervención de la fiscalía

En vista de la situación de precariedad halladas y lo revelado por los obreros, intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima. En tanto, la fiscalía inició las actuaciones preliminares del caso.

El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra el empleador el 5 de noviembre del 2024, por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.

El Intra