El gobernador Gustavo Sáenz alertó que hubo advertencias de intervenir los partidos provinciales si se apoya al proyecto que impulsa el Gobierno nacional.
El gobernador Gustavo Sáenz hizo una denuncia pública grave en TN en el marco del debate sobre el proyecto de la Ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En este sentido, fue tajante al afirmar que legisladores peronistas e incluso pares suyos han sido amenazados para votar en contra de la reforma, con la advertencia de que se intervendrán los partidos provinciales en caso de tomarse una postura contraria.
«Si no votan en contra, les van a intervenir el partido, es decir, les van a quitar la herramienta laboral que tienen. Es muy difícil trabajar así», señaló Sáenz con respecto a las acciones que podría realizar la conducción del Partido Justicialista, la cual ya ha intervenido las sedes tanto en Salta como en Jujuy y Misiones.
Como ejemplo, Gustavo Sáenz explicó que hace poco un colectivero fue sorprendido alcoholizado, pero, al tener tutela sindical, las sanciones fueron mínimas. «Lo mismo pasa con los legisladores, que pueden decir cualquier barbaridad y nadie les va a decir nada porque tienen inmunidad de opinión. Ahora, cuando tienen que votar, lo aprietan», dijo.
El Ejecutivo provincial, si bien sigue mostrando sus diferencias con el capítulo fiscal, aclaró con firmeza que la ley laboral actual «no funciona» y que es necesaria una modernización para frenar el trabajo precario e informal. «Tenemos toda la voluntad de acompañar y ayudar, pero también queremos que nos escuchen, porque la agenda nacional, hoy, es la reforma laboral. ¿Y la agenda provincial? ¿Y la agenda de todos los días, con las inundaciones en el norte y los incendios en el sur? También son importantes, no tienen la culpa los gobernadores de que la macroeconomía está bien y la microeconomía está mal», afirmó.
El eje del conflicto
El epicentro del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal, conformado por cinco senadores que mantienen una postura ambigua: Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta última fue expulsada del PJ y su partido, intervenido, por su apoyo previo al Presupuesto 2026.
A modo de poroteo, el Gobierno nacional negocia hasta el último momento con los gobernadores para que estos legisladores se inclinen por la positiva y apoyen el proyecto que, según afirman desde la Casa Rosada, traerá mayores beneficios a empleadores y trabajadores.
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