Resolución judicial mediante, el Partido de la Victoria fue sancionado y no podrá recibir fondos públicos para la campaña electoral del 26 de octubre. Al parecer, hubo inconvenientes con un faltante de dinero de las elecciones del 2023.
Pasada la disputa por la lista de candidatos para las elecciones 2025, el senador nacional el «Oso» Sergio Leavy, que finalmente decidió cortarse solo en busca de la reelección en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, ya tiene un primer inconveniente en puerta.
Según lo averiguado, el partido que preside (Partido de la Victoria) estaría vedado de participar en la repartición de fondos públicos para solventar los gastos de campaña del próximo 26 de octubre. La imposibilidad de recepción de dichos aportes, según se conoció, no se trataría de un inconveniente transitorio, pues provendría de una resolución de la justicia electoral.
Las irregularidades del Partido de la Victoria, en la mira judicial
Al respecto, fuentes partidarias revelaron detalles de una comunicación oficial del Juzgado Federal 1, con competencia electoral, a cargo del juez Julio Bavio, en el marco de actuaciones iniciadas en torno a la rendición de fondos percibidos en concepto de aportes públicos para la campaña del 2023, en la cual el partido fue con el frente de Unión por la Patria, y así obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, ocupadas por Pablo Outes y Yolanda Vega.
Según las explicaciones respecto al manejo del dinero púbico, los partidos deben rendir cuentas de los fondos de campaña que perciben, lo que muchas veces se convierte en un dolor de cabeza a la hora de registra en qué y a dónde se fue ese dinero, el que proviene de las arcas del Estado Nacional.
El otorgamiento de aportes -agregaron las fuentes- está reglado por la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la de Financiamiento de los Partidos Políticos (N°23.298 y 26.215), las que dispone la entrega de dinero público a través del llamado Fondo Partidario Permanente.
Ese dinero, que no es una suma menor, es utilizado en gastos de campaña, en este caso, las celebradas en octubre del 2023, las que llevaron a la presidencia a Javier Milei, por la Libertad Avanza, además de la renovación de diputados nacionales.
Control y sanción
El control de esos fondos, está contemplado por ambas leyes, siendo uno los actos administrativos exigidos la rendición de dichos gastos, un trámite que demanda la intervención de contadores, tanto del partido político, como del Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, cuando existan puntos no concordantes o presuntas irregularidades.
En ese orden, el Partido de la Victoria habría tenido inconvenientes al momento de presentar dicha rendición. Las presuntas irregularidades estarían vinculadas a una suma no especificada, que no habría podido ser justificada en materia de gastos.
En vista de ello, se hicieron las observaciones del caso a fin de que el partido, a través de sus responsables contables, hagan las aclaraciones respectivas, las que habría incluido un informe de la Auditoría General de la Provincia
Un informe que tiene en vilo a la candidatura de Leavy
Presuntamente, las explicaciones dadas no fueron suficientes, por lo que se dio intervención al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, el que analizó los cuestionamientos y habría emitido un reporte negativo para el partido.
En función de ello, el 8 de agosto pasado, el juez analizó el caso y, al momento de resolver, dispuso como sanción “la pérdida del aporte de público anual que le corresponda al Partido de la Victoria en la próxima distribución del Fondo Partidario Permanente por el plazo de un año”. Asimismo, ordenó que “se efectúen las comunicaciones pertinentes al Registro de Sanciones de Agrupaciones Políticas de la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral”.
Dicho esto, y a menos que exista una vía de apelación que pueda revertir este fallo, el ahora principal candidato por el PV enfrentaría los gastos de campaña sin los fondos públicos, lo que obligaría a sus candidatos a buscar aportes de otro cántaro para la competencia electoral.
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