La diputada provincial Marianela Marinaro presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas restricciones para las personas registradas como deudoras alimentarias
La diputada provincial Marianela Marinaro presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas restricciones para las personas registradas como deudoras alimentarias, entre ellas la imposibilidad de postularse a cargos electivos mientras mantengan incumplimientos en sus obligaciones. La iniciativa apunta a fortalecer las herramientas destinadas a garantizar el pago de las cuotas alimentarias y a proteger los derechos del niño, uno de los principales problemas que enfrentan numerosas familias en la provincia.
A través de sus redes sociales, Marinaro explicó que el proyecto surge de la necesidad de avanzar con medidas concretas frente a una problemática que afecta a miles de personas.
«En Salta necesitamos herramientas concretas para dar respuestas a problemas reales. Por eso impulsamos este nuevo proyecto destinado a deudores y deudoras alimentarios, con el objetivo de promover el cumplimiento de las obligaciones y proteger los derechos de quienes más lo necesitan», sostuvo la legisladora.
Si prospera, la iniciativa sumaría una nueva consecuencia para quienes integren el Registro de Deudores de la provincia de Salta, teniendo en cuenta que el año que viene no sólo tendrán lugar las elecciones provinciales, sino también las nacionales, en donde se elegirán a los futuros gobernantes del Poder Ejecutivo y de parte del Poder Legislativo. De esta forma, el distrito incorporaría un requisito vinculado a la elegibilidad de candidatos para ocupar cargos públicos.
Sanciones que se suman a las ya presentes
El proyecto se enmarca en una tendencia que ya se observa en distintas jurisdicciones del país, donde se han impulsado restricciones administrativas y políticas para quienes incumplen con sus responsabilidades alimentarias.
Entre las medidas adoptadas en diferentes provincias figuran limitaciones para acceder a determinados trámites, ejercer funciones públicas o participar en procesos electorales. Ahora, será la Legislatura salteña la que deberá analizar la propuesta y debatir su alcance antes de una eventual aprobación.
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