Un grupo de diputados provinciales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Salta para crear dos Fiscalías Especializadas en Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer la investigación de delitos contra la administración pública y dotar al Ministerio Público Fiscal de mayores herramientas para combatir este tipo de hechos.
La iniciativa, registrada bajo el expediente N° 91-53.809/26, propone la creación de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción N° 1 y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción N° 2, organismos que tendrían competencia específica para investigar causas vinculadas con presuntos hechos de corrupción.
El proyecto lleva la firma de los diputados Franco Lastra, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Sergio López y Eduardo Virgili.
En los fundamentos de la propuesta, los legisladores sostienen que el crecimiento de los delitos relacionados con la corrupción y la complejidad que presentan en la actualidad hacen necesario ampliar la estructura del Ministerio Público Fiscal.
Según argumentan, el esquema vigente ya no alcanza para dar respuesta a este tipo de investigaciones, por lo que consideran indispensable crear nuevos organismos especializados que permitan distribuir mejor el trabajo y actuar con mayor rapidez.
Además, el proyecto plantea que ambas fiscalías cuenten con facultades especiales que les permitan desempeñar sus funciones con independencia y sin interferencias externas.
En la fundamentación también se señala que la creación de fiscalías especializadas resulta clave para fortalecer el Estado de Derecho, preservar la integridad de las instituciones públicas y mejorar la persecución de delitos contra la administración pública.
Los legisladores recordaron además que, a nivel nacional, el Ministerio de Justicia impulsa iniciativas orientadas a fortalecer la investigación de hechos de corrupción vinculados con funcionarios públicos.
De avanzar la iniciativa, Salta incorporaría dos nuevas fiscalías con competencia exclusiva en causas de corrupción, buscando agilizar las investigaciones y reforzar los mecanismos de control sobre la gestión pública.
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