Ayer se formalizó la investigación por la presunta tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta, individualizándose los 15 imputados que estarían involucrados.
Por la causa, el fiscal general Amad dialogó con La Mañana de Radio Lup 94.7 SALTA, explicando que esto se origina en el contexto de la investigación que llevó adelante en Taco Pozo donde un médico salteño firmaba certificados para el Chaco, descubriendo 840 pensiones truchas, procesándose al intendente, el jefe de ANSES, médicos, entre otros, en una causa que se elevó a juicio.
A partir de esa causa, a mediados del 2024 informó al fiscal general de distrito, Dr. Villalba, llevando adelante las medidas correspondientes.
Tras los allanamientos, descubrimiento de documentos y testimonios, se formalizó la investigación en el día de ayer, individualizando a 15 personas pertenecientes a una asociación criminal que tenía por objetivo extender certificados médicos truchos, comentó Amad.
Se defraudó al Estado por aproximadamente 3.280 millones de pesos por mes.
Dentro de la asociación ilícita que señala el fiscal, se encuentran políticos, médicos, gerentes o directores de hospitales, gestores, jefe de la oficina de ANSES, entre otros: “(…) y aproximante 9.000 pensiones truchas”.
Se extendieron aproximadamente 9.000 pensiones truchas en Anta.
Al ser consultado si las personas imputadas serían apartadas de su cargo, dijo que no esta dentro de sus facultades definirlo, ya que les corresponde a las áreas administrativas pertinentes: “Estas personas gozan del estado de inocencia hasta que una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada diga lo contrario”.
“Con esos certificados médicos truchos gestionaban, creaban una historia clínica o un legajo, y con eso se les otorgó a personas que no estaban enfermas, un certificado por discapacidad”.
Por estos certificados truchos se pudo comprobar que algunos de los integrantes de la asociación ilícita recibían el retorno de las personas que atendían, hablando de montos que iban desde los 40 mil pesos hasta el 1 millón de pesos.
Sobre las pensiones truchas y su continuidad, explicó que a su entender si se comprueba que una pensión fue irregularmente obtenida debe ser dada de baja, pero que un juez federal de otra provincia por medida cautelar ordenó al Estado nacional que se continúen abonando: “Hoy en día no sé si estas pensiones se pagan o no”.
Para finalizar sostuvo que en su causa tiene establecido el número de pensiones que forman parte del universo Salta: “(…) y hay que seguir mirando y seguir investigando donde hay más de éstas. Lo que pasa que en Anta es donde mayor cantidad hay”.
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