Una exfuncionaria denunció presiones vinculadas a auditorías sobre clínicas de la familia de Rodolfo Negri. En el caso quedó involucrada una senadora libertaria y aparecen prestaciones por cientos de millones de pesos bajo investigación.
El PAMI quedó envuelto en un escándalo que combina denuncias por presuntas irregularidades millonarias, auditorías y acusaciones de amenazas. La investigación periodística señala a la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta y a su esposo, el empresario Rodolfo Negri, en medio de un conflicto por prestaciones facturadas por clínicas vinculadas a su familia.
Según una investigación publicada por La Política Online, la exdirectora del PAMI Cecilia Morales denunció haber recibido presiones para no avanzar con controles sobre las prestaciones cargadas por establecimientos relacionados con los Negri.
El caso también llegó al ámbito judicial. Una denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y, paralelamente, una unidad fiscal que investiga posibles delitos dentro del PAMI pidió documentación sobre auditorías realizadas a una de las clínicas involucradas.
Millones en prestaciones bajo la lupa
La investigación sostiene que los establecimientos vinculados a la familia Negri habrían facturado al PAMI montos millonarios durante varios meses.
De acuerdo con estimaciones atribuidas a la delegación del organismo, en septiembre de 2025 las prestaciones habrían alcanzado los $1.091 millones. En octubre la cifra habría sido de $825 millones.
Durante noviembre y diciembre, los montos habrían superado los $700 millones, mientras que en enero y febrero de 2026 habrían vuelto a ubicarse por encima de los $900 millones.
Estos números forman parte de las sospechas que llevaron a impulsar controles sobre las prestaciones. La principal duda planteada es si todas las órdenes cargadas al sistema correspondían a servicios efectivamente realizados.
Empleados del organismo citados por La Política Online aseguraron que el volumen de prestaciones resultaba llamativo.
Una denuncia por amenazas
Cecilia Morales, quien estuvo al frente del PAMI, denunció que fue abordada por Ivanna Arrascaeta el 1 de junio, en el aeropuerto, antes de viajar a Buenos Aires.
Según consta en la denuncia citada por el medio, la senadora le habría reclamado que no interfiriera con la carga de prestaciones realizada mediante un sistema informático.
En ese contexto, Morales afirmó que Arrascaeta le dijo:
«Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas»
El empresario Rodolfo Negri también habría cuestionado a la exfuncionaria por haber ordenado auditorías sobre clínicas vinculadas a su familia.
Según la publicación, el episodio ocurrió mientras Morales esperaba para abordar un avión.
La Justicia pidió documentación
El 15 de mayo, Paula Bellotti, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI, envió un pedido al gerente de Legal y Técnica del organismo, Claudio Bargas Modernell.
La funcionaria solicitó copias digitales de auditorías realizadas en una clínica vinculada a Mauricio Negri.
El pedido buscaba información detallada sobre las órdenes de prestación: números, fechas, horarios, diagnósticos, prescripciones, acciones realizadas, documentación respaldatoria y montos abonados.
El objetivo, según el documento, era avanzar sobre una posible «defraudación contra la administración pública mediante la falsa transmisión de órdenes de prestación correspondientes al módulo Fisiatría».
La investigación también menciona un centro de día vinculado a la familia Negri.
Un audio quedó en el centro del conflicto
Otro elemento señalado por la investigación es una grabación de una reunión realizada en una sede del PAMI.
En ese encuentro habrían participado Morales, Negri y otros funcionarios del organismo. El empresario buscaba obtener información sobre la gestión anterior para utilizarla frente a la investigación.
En el audio, Negri habría dicho:
«Yo lo que quiero es que me faciliten la torpeza de la gestión anterior para que yo me pueda defender sin discutir demasiado porque la realidad es que fue todo bizarro»
Luego agregó:
«yo necesito, con la mejor cara de buenos de ustedes, que digan ‘che, pará, este flaco sabe todo lo que pasó’, o sea, yo soy malo, ¿entendés? Me sé defender, el vago sabe de esto para que no tenga yo ningún tipo de incumplimiento».
La pelea llegó a la cúpula libertaria
El conflicto habría escalado hasta el entorno político del Gobierno nacional.
Según la investigación, Lule Menem, subsecretario General de la Presidencia, convocó a una reunión para intentar contener la situación.
Participaron del encuentro Menem, Morales, Arrascaeta, Negri y el exsubdirector ejecutivo del PAMI Carlos Blas Zamparolo.
De acuerdo con la versión publicada, durante la reunión habría aparecido una advertencia política: el sector de Arrascaeta podía romper con el bloque oficialista en el Senado.
Uno de los presentes habría señalado que Negri amenazó con formar un monobloque junto a la banca de su esposa y retirar su respaldo a proyectos impulsados por La Libertad Avanza.
La preocupación del oficialismo, estaba vinculada a la ajustada cantidad de senadores con la que cuenta el espacio y al impacto político que podía generar un nuevo escándalo.
Más de 7.000 órdenes bajo revisión
Las auditorías no se habrían limitado a unos pocos casos.
Morales habría solicitado revisar más de 7.000 órdenes de prestación correspondientes al período entre 2024 y 2026.
La tarea no llegó a completarse debido a la salida de la funcionaria, según la investigación periodística.
Además, el 25 de junio, una empleada del organismo habría enviado un correo al equipo de orientación para denunciar presuntos episodios de intimidación.
La trabajadora relató una situación que incluyó «violencia» e «insultos» y pidió la intervención del área correspondiente.
La investigación también menciona que algunos de los episodios de presión habrían ocurrido en un bar y que, según compañeros de Morales, hombres que decían responder a Negri se habrían presentado incluso en su domicilio.
Una clínica también explicó una carga cuestionada
Otro episodio mencionado ocurrió en noviembre de 2025.
El apoderado legal de la clínica Aconcagua, Daniel Francisco Pino Adaro, habría tenido que explicar ante el PAMI una prestación que figuraba de manera cuestionada en el sistema.
Según la información publicada, Pino Adaro comunicó que una cirugía realizada no había sido cargada correctamente y atribuyó el hecho a «un error administrativo o un hackeo técnico».
Qué se investiga
El caso reúne denuncias por presuntas amenazas, auditorías internas, cuestionamientos sobre prestaciones millonarias y una presentación ante la Justicia Federal.
La investigación apunta a determinar si existieron prestaciones que fueron cargadas al sistema sin haber sido realizadas y si hubo una eventual defraudación contra el Estado.
Por ahora, las acusaciones forman parte de denuncias e investigaciones y no implican una condena ni una responsabilidad penal comprobada contra las personas mencionadas.
QPS
