Parece que en Salta no se mueve nada sin que el Banco Macro esté metido. Ahora, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, firmó un flamante convenio —por tres años— con el Macro, para que el banco proporcione al Poder Judicial la información de contacto de las personas sorteadas como potenciales jurados.

Según el acuerdo, los datos se “limitarán” a nombre, domicilio, correo y teléfono. Pero tendrán que ser clientes obviamente de la banca fundada por el fallecido Jorge Brito.

El Macro no solo maneja los fondos judiciales —un privilegio que ningún otro banco tiene—, ahora también acumula información personal de quienes podrían integrar jurados populares. Todo, bajo el sello de “colaboración institucional”.

Lo cierto es que no hay ninguna necesidad de que sea el Macro el único beneficiario de esta rosca: cualquier banco podría hacerlo, o mejor aún, el propio Poder Judicial. Pero en Salta, ya sabemos, el negocio siempre queda para la entidad financiera que manejas los fondos también de todos los empleados públicos.

Así, el monopolio del poder y el dinero se mantiene firme: el Macro, ese banco nacido al calor de fundir el banco Provincia, sigue cobrando comisiones, manejando millones y ahora, hasta los nombres y teléfonos de los ciudadanos.

Opinorte