Los investigadores utilizaron un “agente encubierto digital” para infiltrar la organización y obtener información clave

En una operación nacional, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó a cabo múltiples allanamientos en Salta y otras provincias para desarticular una red de casinos virtuales ilegales. La investigación, encabezada por la fiscal Salinas Odorisio, utilizó agentes encubiertos digitales, un recurso clave que permitió obtener datos sobre la operación de la red. En total, se realizaron 19 allanamientos en domicilios de Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, con el fin de identificar a captadores de apostadores y «cajeros» que facilitaban la recarga de créditos en distintas provincias.

El CIF detectó una estructura bien organizada que operaba bajo una plataforma denominada BET91, que ofrecía juegos de azar no regulados y promocionaba sus servicios mediante redes sociales. Estos operadores no solo incumplían las normativas legales de la industria del juego, sino que también omitían regulaciones de prevención de adicciones, control fiscal y prevención del lavado de activos. En respuesta, la fiscalía solicitó el bloqueo de las webs implicadas y la inmovilización de 253 cuentas bancarias vinculadas a la organización. Además, se dispuso la prohibición de salida del país para los principales acusados.

Los allanamientos en Salta incluyeron diversas zonas, como la calle Florida, barrios como San Alfonso y Ciudad del Milagro, y municipios cercanos como La Silleta y Campo Santo. Durante el operativo, se detuvo a un hombre y se incautaron dispositivos, documentos y otros elementos relacionados con la investigación. En paralelo, las autoridades allanaron domicilios en otras provincias, ampliando el alcance de la operación.

La red de casinos virtuales ilegales operaba mediante un sistema jerárquico que incluía «cajeros», «administradores» y «respaldos». Los «cajeros» reclutaban a apostadores a través de redes sociales y facilitaban la recarga de créditos para acceder a juegos en línea, como tragamonedas virtuales. El pago se realizaba a través de plataformas como Mercado Pago, y los jugadores recibían un usuario y contraseña para acceder al sitio. Los «administradores» reclutaban a los jugadores y proporcionaban los créditos, mientras que los «respaldos» eran responsables de entregar premios y gestionar las apuestas.

La causa comenzó en noviembre de 2023, cuando el Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.) denunció la existencia de un casino ilegal que operaba a través de internet, vulnerando las normativas de prevención de adicción al juego y el cumplimiento de responsabilidades financieras y fiscales. La fiscalía tomó cartas en el asunto, y se ordenó una investigación exhaustiva con la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) para rastrear a los implicados y sus actividades en el mercado de apuestas ilegales.

La operación busca no solo frenar la proliferación de plataformas de juego ilegal, sino también proteger a la comunidad de los riesgos asociados con el juego sin regulación, especialmente en temas como la prevención de adicciones y la protección de los derechos de los usuarios. Además, el caso expone cómo estas redes utilizan estrategias de captación masiva y redes sociales para ampliar su base de clientes, lo que representa un desafío adicional para los reguladores.