El Poder Judicial de Salta aprobó su presupuesto para el año 2026. El monto total asciende a una cifra enorme: más de 156 mil millones de pesos.
Mientras en todos los sectores se ajustan, en la cúpula del Poder Judicial la realidad es otra: sigue vigente una estructura que opera como una casta blindada, con recursos garantizados, sueldos de privilegio y rendiciones de cuentas mínimas o nulas.
Según la Acordada N° 14494, la distribución del presupuesto judicial para 2026 se reparte así:
GASTOS EN PERSONAL: $137.472.771.232,74
SERVICIOS: $5.807.049.372,7
BIENES DE USO (infraestructura, tecnología, vehículos, edificios): $12.486.618.547,99
OBRAS: $8.292.890.802,01
MAQUINARIA Y EQUIPO: $3.023.384.714,10
ACTIVOS INTANGIBLES (software, licencias, servicios digitales): $1.164.027.126,08
LIBROS Y COLECCIONES: $6.315.905,80
PASANTÍAS: $195.494.626,87
Y esto sin contar los ingresos extras: $150 millones de la Ley 7838 (depósitos judiciales).
$90 millones de cursos pagos de la Escuela de la Magistratura.
$400 millones del Fondo de Justicia.
La planta del Poder Judicial está compuesta por 2.758 cargos. En un gesto de cinismo institucional, la misma acordada reconoce que hay varios juzgados creados por ley que todavía no funcionan por “falta de recursos”. Entre ellos, juzgados civiles, penales juveniles, de ejecución, y salas del Tribunal de Juicio en Orán, Metán, Tartagal, Embarcación y Cachi.
¿Cómo puede ser que con 156 mil millones de pesos, no alcance para que funcionen los juzgados que el propio Poder Legislativo ordenó poner en marcha?
La respuesta es simple: porque el presupuesto no está pensado para garantizar justicia, sino para mantener aceitada una estructura interna costosa, opaca y autorreferencial, en la que el 90% del gasto se va en mantener la burocracia judicial, sus cargos eternos, sueldos intocables y beneficios de casta.
El “Plan Estratégico III” y la digitalización del sistema (el famoso SED) se venden como modernización. Pero en los hechos, eso se traduce en miles de millones para infraestructura, licencias, software y servidores, muchas veces contratados sin procesos competitivos o con proveedores cercanos al círculo de poder.
Modernizar no es malo. Lo que está mal es hacerlo sin control, sin eficiencia y mientras el resto del Estado colapsado.
El Poder Judicial debe ser una de las instituciones más poderosas y menos auditadas del sistema. Nadie lo controla. Nadie lo cuestiona. Nadie lo investiga.
¿156 mil millones para un poder que no resuelve causas clave, que archiva denuncias contra políticos, que da fueros como escudos, y que se mueve con tiempos medievales?
Opinorte
