La funcionaria del Gobierno provincial incurrió en una medida abusiva e inconsulta con autoridades judiciales, semanas antes de la golpiza que provocó una dolorosa muerte que pudo haber sido evitada. ¿Habrá una investigación seria o la funcionaria está blindada por el poder político?

La muerte del niño de dos años Thiago Altamirano, ocurrida el 22 de junio luego de ser atendido en el hospital Papa Francisco por los golpes recibidos y trasladado de urgencia al Materno Infantil, sigue consternando a la sociedad y quebrantando a su familia. Es que las circunstancias violentas que apagaron la vida del pequeño pudieron ser evitadas y el Estado, con funcionarios indolentes, procedieron con desidia.

El niño vivía con su madre y la pareja de ella, Nicolás Funes, en el barrio Convivencia, zona sudeste de la ciudad de Salta. Ambos están detenidos y un bebé de menos de un año (Tobías), hermano de Thiago, permanece institucionalizado en Sala Cuna, pese al reclamo de su padre para lograr la tenencia definitiva, lo que representa otra acción injustificada, en este caso del Poder Judicial en persona de la polémica jueza Claudia Güemes.

Tras los hechos, se supo del testimonio de algunos vecinos indicando que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda del niño y señalaron a la pareja de su madre como una persona violenta.

Además, Marta, la abuela paterna de Thiago, reveló que se habían realizado al menos cinco denuncias previas por presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo que involucraban al menor y a su hermano de 11 meses.

EL ROL DE IRADI

El padre de Thiago, Hugo Altamirano, trabaja en una empresa minera en la región puneña y mantuvo una relación de pareja con la madre de sus hijos hasta diciembre del año pasado.

Tras ese desenlace, hubo varios episodios en los que no se alcanzó un acuerdo para la tenencia regular de los niños como tampoco de un régimen de visitas homologado.

Alrededor de abril de este año, la madre de Thiago dejó a los niños al cuidado de su abuela paterna para ocuparse de asuntos personales, antes había hecho lo propio con vecinas. Al regresar, la abuela se negó a entregárselos. Para ese entonces, ya se habían hecho las advertencias de malos tratos hacia los pequeños.

A partir de esa circunstancia, se conoció la intervención de la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, ordenando la búsqueda forzosa de los Thiago y Tobías Altamirano de la casa de su abuela y enviando operadores acompañados por efectivos policiales, en un claro intento de amedrentamiento.

La principal irregularidad radica en que, Iradi tomó tal decisión sin consultar al Poder Judicial.

Tras estos hechos, sobrevinieron nuevos desencuentros en los que la madre de Thiago impidió reiteradamente el contacto de los niños con su familia paterna y con el propio padre.

RECOLECCIÓN DE PRUEBAS

El abogado Pedro Arancibia, representante legal de Hugo Altamirano, indicó a Opinorte que por estos días, la causa transcurre por la etapa de la recolección de pruebas, la realización de pericias en los teléfonos de la madre de Thiago y su pareja, las pruebas de ADN en la ropa, la declaración de testigos, las denuncias previas por situaciones de descuido y abandono de los niños en los meses previos a la muerte de Thiago.

La querella está formulada contra Funes y contra su pareja, la madre de Thiago, no obstante, también se buscará determinar el grado de responsabilidad de funcionarios del Poder Ejecutivo, Carina Iradi en primera instancia y de los del ámbito judicial.

En este aspecto, será fundamental que se determinen responsabilidades civiles y penales, ya que no se trata del primer caso de una muerte violenta de un niño tras la desidia e inoperancia de funcionarios públicos.

Thiago Quipildor, en 2015 murió tras la golpiza de su familia protectora, Lionel Francia, en 2023, apaleado hasta la muerte por su madre pese a que se denunciaron hechos previos y Thiago Altamirano, son solo algunos casos testigos en los que todo el sistema fracasó. La sociedad, por su parte, debe elevar la exigencia hacia quienes detentan el poder y las responsabilidades.

Opinorte