La presentación ante el Tribunal del Mar busca frenar las actividades hidrocarburíferas británicas mientras sigue el reclamo argentino por la soberanía de las islas.
El gobierno de Javier Milei presentó este martes 13 de octubre una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La medida busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre el área y evitar que las actividades británicas agraven la disputa entre ambos países.
La Oficina del Presidente informó la decisión mediante un comunicado oficial difundido el 13 de octubre. Según el documento, la presentación apunta a frenar las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido mientras continúa el reclamo argentino por la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas y sus espacios circundantes.
La solicitud se ampara en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esa disposición permite pedir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral, cuando la urgencia lo requiere y se busca preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino.
El reclamo de Milei y la disputa por los recursos de Malvinas
La presentación forma parte del procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Anexo VII de la CONVEMAR. El objetivo del Gobierno es defender sus derechos sobre la plataforma continental y cuestionar las actividades hidrocarburíferas que impulsa el Reino Unido en el área.
En el comunicado, la administración de Milei reafirmó los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes. “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó el texto oficial.
La decisión también se produce en medio del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía. El pasado 7 de octubre, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, defendió esa iniciativa en la Cámara de Diputados y rechazó dividirla para tratar por separado las sanciones a empresas que operan en la zona y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
Durante su exposición, la funcionaria sostuvo que el proyecto busca castigar a quienes explotan recursos de manera ilegítima, incentivar el cese de esas actividades y dotar al Estado de herramientas para responder a amenazas externas. También negó que la iniciativa contemple una amnistía para las empresas involucradas y afirmó que las sanciones se mantienen y se agravan.
El debate legislativo continúa atravesado por diferencias entre el oficialismo y bloques opositores y dialoguistas. Mientras la Nación busca avanzar con la iniciativa, distintos legisladores plantearon objeciones sobre algunos artículos y reclamaron cambios antes de respaldar un dictamen. Con la presentación ante el Tribunal del Mar, Milei suma una nueva instancia jurídica a su estrategia para cuestionar la explotación de recursos en la zona de Malvinas.
El Intransigente
