Durante los últimos 15 años he reflexionado y escrito una tonelada de artículos y pequeños ensayos sobre el triste caso de las turistas francesas asesinadas en Salta. Basta para comprobarlo que el lector escriba en Google una consulta muy sencilla: «turistas francesas».

En 2015 me reuní en Paris con Jean-Michel Bouvier; y entre 2019 y 2024 he viajado varias veces a Francia y a otros países para conocer más de cerca la impresión que los franceses y otros europeos tienen de este asunto, que tanto compromete la buena imagen internacional de Salta.
Durante todo este tiempo mantuve contacto estrecho con personas de diferentes culturas y procedencias nacionales, que yo pensaba que tenían un interés parecido al mío, pero con mucha pena me he dado cuenta de que he perdido mi tiempo cultivando esas relaciones.

Mis reflexiones públicas (publicadas) han tenido por objeto —casi exclusivamente— los avances y retrocesos de la tramitación judicial del asunto, algo que, como sabemos, ha tenido muchos más errores que aciertos, sin que hasta el momento nadie haya querido hacerse cargo de los errores cometidos. No soy un experto en autopsias, en entomología, ni en plomos plantados. Apenas sé tres o cuatro cosas de derechos fundamentales, pero solo Dios sabe el buen partido que le saco a esos conocimientos superficiales.

Lamentablemente, mucha gente ha confundido mi interés en el tema y me ha atribuido intenciones que jamás he tenido. Solo unos pocos han comprendido que mis reflexiones y aportaciones jurídicas respondían a un impulso cívico, más que a un tic jurídico.

Otros, en cambio, han pensado que por detrás de aquellas elucubraciones mías había «curiosidad periodística», y no han faltado quienes llegaron a pensar que detrás de esta inexistente curiosidad se escondía alguien muy poderoso que me pagaba por pensar y publicar. Lo cierto es que encaro el año XVI de esta sórdida historia mucho más pobre de lo que la empecé allá por 2011. Confieso que me gustaría cobrar por pensar, pero en los casi 70 años que llevo en este mundo no he conocido a nadie dispuesto a pagar por ello.

Tengo que reconocer que hoy, pasados tres lustros enteros de grandes esfuerzos materiales e intelectuales, mi interés cívico tiende a declinar.

Es verdad que no ha desaparecido por completo, pero ha sido para mí suficiente comprobar cuán miserables pueden ser algunos de los que se me han acercado para —según ellos— «aportar» a mi mejor ilustración por el tema, para que esa responsabilidad cívica se empezara a diluir o, cuanto menos, a hacerse preguntas que antes no se hacía.

Tengo que decir que entre los que pretendieron engañarme, manipular los hechos y torcer deliberadamente mi percepción del asunto figura un juez de la Corte de la Justicia de Salta que hoy, felizmente, ya no es juez. No me avergüenza reconocer que confié en él, en la lealtad de su amistad y en la sinceridad de su confianza. Tampoco él se ha de avergonzar por esto, seguramente, porque, a diferencia de muchas personas decentes que conozco, no parece haber sido criado para experimentar vergüenza por sus actos malvados.

No solo me han desilusionado los salteños; también lo han hecho algunos franceses, a los que creía mucho más serios y, desde luego, más valientes.

Pero como sé que la noticia, recién revelada, de mi distanciamiento del tema de las turistas francesas va a poner contenta a alguna gente, vengo por medio de este breve escrito a pincharles el globo de la prematura felicidad.

Gusanos

He lamentado mucho que el actual Procurador General de Salta saliera a hablar con tanta convicción en los medios de comunicación de las «conclusiones» (se supone que escritas) recibidas de Francia en torno a la investigación de los ADN y las autopsias practicadas a los cuerpos, primero en Salta y después en Francia.

Lo he lamentado porque el jefe de los fiscales de Salta se ha referido a aquellas conclusiones solo en la medida en que contradicen puntualmente las hipótesis avanzadas en el libro de Jean-Charles Chatard. Como objetivo político o institucional, me parece muy mezquino reducir todo este gigantesco asunto a un duelo de vanidades o a un intercambio de chicanas entre investigadores públicos y privados.

Es como si los fiscales de Salta hubieran estado todo este tiempo agazapados esperando esas «conclusiones» del extranjero, solo para salir a decir: «¿Han visto? El libro es una basura».

Otra cosa que me ha sorprendido es que el jefe de los fiscales salteños haya salido a decir: «En Francia no hay nada», en relación a las denuncias de Jean-Michel Bouvier. Según he podido ver, esta afirmación no nace de las «conclusiones», sino de lo que le contaron sus emisarias enviadas a Paris el pasado mes de mayo. ¿No encontraron «nada» en Francia? Sigan buscando distinguidas señoras.

Quiero creer que si los investigadores, peritos y magistrados franceses se han tomado el trabajo de elaborar un informe pormenorizado, este debe de contener información muy importante y útil para encauzar la investigación y no solo argumentos aislados para llevarle la contraria a un periodista o para desacreditar su libro. Peor, incluso, sería pensar que la autoridad fiscal salteña está actuando porque teme quedar muy mal parada en un documental francés que se encuentra en plena «tournage».

Aunque el Procurador General está en todo su derecho de dar a conocer la parte de las «conclusiones» que crea conveniente ventilar, pienso que —aunque fragmentario y selectivo— su discurso tiene puntos en el que, lejos de contradecirlas, coinciden con las apreciaciones del famoso libro.

Ha dicho el señor Procurador General, por ejemplo, que, a partir de los estudios entomológicos, los peritos franceses concluyen en que Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron violadas, torturadas y salvajemente ejecutadas a tiros el mismo día que ingresaron a la Quebrada de San Lorenzo, a pesar de que sus cuerpos muertos fueron hallados dos semanas después.

Si no recuerdo mal, el libro de Chatard dice exactamente eso; es decir, afirma que las conclusiones de la primera autopsia practicada en Salta son equivocadas.

El libro también insinúa que los cuerpos de las dos chicas fueron arrojados en el lugar en el que finalmente fueron hallados el 29 de julio de 2011; es decir, que fueron ultimadas en otro lugar (no en la Quebrada) y, eventualmente, mantenidos durante un cierto tiempo en condiciones especiales de conservación, lo cual explicaría el relativo buen estado de los cadáveres 15 días después de ocurridas las muertes.

Aunque el frío de la montaña hubiera evitado una acelerada descomposición de los cuerpos (un proceso natural), la acción de depredadores y aves carroñeras durante 15 días habría acabado incluso por hacer imposible la identificación de los cadáveres. Si no se investiga qué fue de aquellas desafortunadas criaturas entre el 15 y el 29 de julio de 2011, dónde estuvieron y, sobre todo, quién y cómo las mantuvo ocultas, jamás nos acercaremos a los culpables.

Es decir que si las «conclusiones» francesas sobre la «data» de la muerte son las que ha dicho el Procurador General que son, es que las especulaciones de los periodistas que han investigado el asunto no son en absoluto descabelladas y no se las puede descalificar «in totum», como se ha hecho y, además, con satisfacción revanchista o con júbilo contenido.

Una vez más, el discurso oficial sobre el asunto omite hablar del castigo del los culpables. El Procurador General ha vuelto ha poner por delante «el hallazgo de la verdad».

He de decir, con total convicción, que si los fiscales consiguen «hallar la verdad» pero son incapaces de castigar a los culpables, su trabajo, por muy bien intencionado que haya sido, será siempre un trabajo mal hecho, y quedarán para siempre en deuda con la misma sociedad a la que dicen servir por encima de cualquier otra consideración.

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