Uno de los tantos ministros que tuvo Urtubey durante sus largos doce años de desempeño del cargo de Gobernador de Salta ha utilizado recientemente los micrófonos de una radio de la ciudad para decir algo tan constructivo como que el gobierno de Gustavo Sáenz no tiene una política de seguridad.
Tal vez sea cierto lo que dice este señor; es decir, puede que ni Sáenz ni el ministro Marcelo Ramón Domínguez hayan formulado o puesto en práctica alguna vez una «política de seguridad» en sentido estricto.
Pero tanto Sáenz como Domínguez son hombres de suerte, pues aun sin una «política de seguridad» de esas que tanto parece gustar a ciertos personajes de mentalidad represora y convicciones liberticidas, sin estadísticas sobre microtráfico y sin una federalización de datos, ni a Sáenz ni Domínguez se les han acumulado los cadáveres en las cunetas, como le ha sucedido a Urtubey y a su minuciosa política de prevención, a su cuidadoso monitoreo con radios digitales, sus sistemas GPS, su auditoría continua y su estrecho control de los patrullajes.
Ni Sáenz ni Domínguez han tenido que salir a levantar los cadáveres de Cassandre Bouvier, de Houria Moumni, de Luján Peñalva, de Yanina Nuesch o de Andrea Neri, como sí, por cierto lo ha tenido que hacer Urtubey, que no es responsable de estas muertes, tanto como de haber obstruido y distorsionado (quizá involuntariamente o por pura torpeza) los mecanismos institucionales para el esclarecimiento de estos trágicos sucesos.
Ni Sáenz ni Domínguez han asistido -como lo ha hecho Urtubey- al crecimiento exponencial de la violencia machista y a la súbita multiplicación de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Urtubey ha presenciado este espectáculo desde su sillón de príncipe cojo, poco después de haber declarado en toda Salta la emergencia pública social en materia de violencia de género.
Ni Sáenz ni Domínguez han sobredimensionado a la Policía de Salta como lo ha hecho Urtubey con aspiraciones de general prusiano pero con modales de suboficial de infantería. Durante sus doce años de gobierno, el número de efectivos aumentó en más del 40%. Ni Sáenz ni Domínguez han lanzado alocadamente policías a las calles y solo para amedrentar a la población, especialmente la de los barrios pobres.
Ni Sáenz ni Domínguez son o han sido socios políticos de intendentes y concejales vinculados con las mafias contrabandistas y el narcotráfico.
Ni Sáenz ni Domínguez han hinchado las cárceles hasta reventar ni han utilizado la persecución penal para ajustar cuentas con sus opositores políticos.
Esta comparación superficial nos alerta de que a veces es preferible no tener una «política de seguridad» a tener una que no produce otros resultados conocidos que enormes tragedias sociales y vergüenzas por doquier.
A veces es preferible tener ministros serenos como Marcelo Ramón Domínguez, a tener ministros supuestamente «expertos» que llevan las cuentas de la criminalidad al dedillo, pero que son incapaces de prevenirla y de combatirla, y que, varios años después de dejar el cargo, se rasgan las vestiduras por las calamidades que en su momento no supieron o no quisieron atajar.
