El máximo tribunal suspendió la ordenanza que regulaba el proceso de destitución. El Concejo Deliberante anticipó que apelará la decisión. La Corte de Justicia de Salta frenó el juicio político contra el intendente de La Merced, Javier Wayar. El tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el jefe comunal y suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, utilizada por el Concejo Deliberante para investigar su conducta y avanzar hacia una eventual destitución. Según información a la que accedió El Intra, Wayar planteó la inconstitucionalidad de la reglamentación aprobada por los concejales. Sus objeciones se concentraron en la conformación de la comisión investigadora, los límites de las facultades del cuerpo deliberativo y la ausencia de precisiones suficientes para garantizar su derecho de defensa durante el procedimiento. La decisión no resuelve todavía la cuestión de fondo ni declara definitivamente inválida la ordenanza. Sin embargo, impide que el Concejo continúe aplicándola mientras la Corte analiza si el mecanismo sancionado respeta la Constitución provincial y las garantías que deben regir cualquier proceso destinado a remover a una autoridad elegida por el voto popular. El juicio político había comenzado después de que el Concejo declarara admisibles denuncias presentadas por vecinos y por un integrante del propio cuerpo. La Ordenanza 11/2026 establecía la creación de una comisión investigadora, la producción de pruebas y una posterior votación sobre la responsabilidad política del intendente. La novedad fue difundida inicialmente por La Voz de Mi Tierra, una cuenta pública vinculada con la información de La Merced, y luego reproducida por medios provinciales. Hasta el momento de esta publicación, la resolución completa no se encontraba disponible en el sitio público del Poder Judicial, por lo que todavía resta conocer el expediente, los jueces intervinientes y todos los fundamentos de la cautelar. El Concejo Deliberante confirmó que apelará la decisión por medio de su asesor legal. La respuesta anticipa una nueva etapa del enfrentamiento institucional: los concejales intentarán recuperar la posibilidad de investigar al Ejecutivo, mientras Wayar buscará que la Corte invalide definitivamente una reglamentación que considera contraria a sus garantías constitucionales. La cautelar le permite al intendente ganar tiempo y desplaza el centro del conflicto desde el recinto municipal hacia el máximo tribunal provincial. La definición ya no dependerá únicamente de las mayorías políticas de La Merced: será la Corte la que deberá establecer hasta dónde puede avanzar un concejo deliberante cuando pretende investigar y eventualmente destituir a un intendente. El Intra