El expediente por la desaparición de María sigue abierto, con pruebas pendientes y sin fecha de juicio oral. El nuevo magistrado deberá definir el futuro de una investigación atravesada por cambios de hipótesis, testimonios cuestionados y decisiones revocadas.

Diego Anzorreguy asumirá a fines de julio como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta y recibirá uno de los expedientes más sensibles del país: la causa por la desaparición de María Cash.

El Gobierno nacional formalizó su nombramiento mediante el Decreto 508/2026, luego del acuerdo otorgado por el Senado. Anzorreguy reemplazará la subrogancia que ejercía la jueza Mariela Giménez.

La diseñadora bonaerense desapareció el 8 de julio de 2011 en Salta. Quince años después, la investigación continúa abierta, todavía quedan medidas de prueba por realizar y el caso no fue elevado a juicio oral.

La llegada del nuevo juez abre una etapa decisiva. Además de intentar determinar qué ocurrió con María, la causa deberá revisar una larga investigación marcada por cambios de rumbo, declaraciones consideradas falsas, un sobreseimiento posteriormente revocado y distintas hipótesis que no lograron sostenerse.

De la hipótesis de trata al último recorrido de María Cash

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Justicia provincial. Más tarde, el expediente pasó al fuero federal cuando tomó fuerza la posibilidad de que María hubiera sido víctima de una red de trata de personas.

Esa línea orientó durante años una parte importante de la investigación. Sin embargo, la reconstrucción impulsada posteriormente por el Ministerio Público Fiscal Federal descartó esa hipótesis y volvió a concentrarse en el último recorrido comprobado de la joven.

El fiscal federal Eduardo Villalba sostiene que María Cash no habría abandonado el corredor formado por las rutas nacionales 34 y 16. Según la acusación fiscal, la última persona que mantuvo contacto comprobado con ella fue el camionero Héctor David Romero.

Romero fue imputado en noviembre de 2024 por homicidio calificado por alevosía. La imputación no implica una condena y continúa amparado por el principio de presunción de inocencia.

Un sobreseimiento que fue revocado

En mayo de 2025, la jueza Mariela Giménez sobreseyó a Romero al considerar que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación.

Siete meses más tarde, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó continuar con nuevas medidas. Entre ellas aparecen declaraciones testimoniales, análisis de comunicaciones telefónicas y una pericia para determinar si resulta compatible con la evidencia la maniobra que Romero afirmó haber realizado para detener el camión cerca del santuario de la Difunta Correa.

En marzo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa y dejó firme la resolución que había anulado el sobreseimiento, según informó El Tribuno.

Para la Fiscalía, ya existirían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento. Esa valoración todavía debe ser resuelta judicialmente.

Los testimonios que desviaron la investigación

Otro punto central del expediente son las declaraciones que durante años ubicaron a María con vida después de haber descendido del camión de Romero.

Carlos Enzo Cuéllar y Carlos Hugo Cuéllar habían asegurado haberla visto en la zona de la Difunta Correa. La Cámara Federal de Salta concluyó posteriormente que esos relatos eran falsos, de acuerdo con la información publicada sobre el expediente. Aunque fueron imputados por falso testimonio y entorpecimiento, la acción penal terminó prescripta.

El fiscal Villalba describió la situación con una frase contundente: «la causa está llena de falsos testimonios, de mentiras y de desvíos».

Un eventual juicio podría establecer cuánto influyeron esas declaraciones en la demora de la investigación y por qué durante años se mantuvieron líneas que alejaron la pesquisa de su punto inicial.

Las llamadas que todavía deben analizarse

Entre las diligencias pendientes aparece un nuevo estudio de las comunicaciones vinculadas a Romero, al médico jujeño Jesús Chuquisaca, a los hermanos Cuéllar y al entorno de la familia Segura, empleadora del camionero.

El análisis buscará reconstruir contactos y relaciones entre personas mencionadas en el expediente. También existen sospechas periodísticas sobre posibles filtraciones de información, aunque hasta ahora no se informó oficialmente que alguna persona haya sido imputada por ese motivo.

El equipo del CIF que dejó de intervenir

Durante los últimos años, un equipo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta colaboró en la revisión de supuestos avistamientos, la reconstrucción del recorrido de María y el descarte de la hipótesis de trata.

Según Villalba, ese trabajo permitió ordenar una causa con una enorme cantidad de datos y versiones. Sin embargo, el grupo dejó de intervenir antes de que finalizaran medidas consideradas importantes.

Los motivos del apartamiento no fueron informados oficialmente.

Las tres preguntas que podría responder un juicio

Un eventual debate oral debería intentar esclarecer tres cuestiones centrales: cómo influyeron los testimonios falsos, por qué la investigación cambió tantas veces de dirección y si existieron interferencias o filtraciones durante la pesquisa.

Pero antes de llegar a esa instancia, el nuevo juez deberá evaluar las medidas pendientes y resolver la situación procesal del principal imputado.

Quince años después de la desaparición de María Cash, la causa todavía busca una respuesta sobre lo ocurrido aquella tarde del 8 de julio de 2011. También deberá explicar por qué una de las investigaciones más conocidas del país continúa sin llegar a juicio.

QPS