El escándalo pone una vez más al Poder Judicial salteño en la mira, por sus muestras de prepotencia y concentración de poder. Buscan impedir el acceso a la información pública ¿qué ocultan?

Distintas organizaciones sociales presentaron, el pasado 8 de diciembre de 2024, un amparo a través del cual se busca que, el Poder Ejecutivo, las Cámaras de Diputados y Senadores, el Ministerio Público y la Corte de Justicia de Salta, reglamenten la Ley de Acceso a la Información Pública.

En su demanda las organizaciones civiles, solicitaron a los nueve jueces que integran la Corte que se aparten de la causa y de que se constituya de manera inmediata un Tribunal ad hoc, integrados por magistrados subrogantes a fin de asegurar que el juicio sea resuelto por jueces imparciales e independientes.

Sin embargo, el 14 de enero pasado, en plena feria judicial los jueces recusados resolvieron que no se apartarán de la causa. Los firmantes, Teresa Ovejero, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edith Nallim, Pablo López Viñals y María Alejandra Gauffín, argumentaron que, no existen en su entender, motivos para apartarse ya que debe interpretarse que cuando la ley habla de interés en el pleito se refiere a un interés personal de naturaleza pecuniaria y económica.

Vale resaltar que los jueces Ernesto Samsón y Guillermo Catalano, aceptaron apartarse del proceso judicial entre otros motivos, por “razones de decoro” y “de violencia moral”.

Ante esta postura, las organizaciones sociales que iniciaron el amparo interpusieron un recurso de revocatoria in extremis el 17 de enero, el cual fue rechazado recientemente por la Corte en pleno.

Las organizaciones que promueven el amparo realizaron una última presentación en la que, no obstante haber dejado constancia de que semejante decisión los priva de la garantía de un Tribunal imparcial, solicitaron que de manera urgente la Corte notifique a todos los demandados y que se reanude de inmediato el proceso.