Incendio en Cafayate: penas de hasta 10 años y restricción de hasta 60 para proyectos inmobiliarios

La fiscal Sandra Rojas explicó el encuadre legal de la causa por los focos ígneos y señaló que se investigan posibles delitos ambientales con distintas escalas de sanción penal.

Por Aries, la fiscal de Cafayate, Sandra Rojas, se refirió al avance de la investigación por los incendios registrados en la zona y explicó el encuadre legal que se analiza en la causa, tanto en materia penal como en eventuales restricciones para desarrollos inmobiliarios en áreas afectadas por el fuego.

En ese sentido, la funcionaria aclaró que, por el momento, la investigación no vincula los hechos con un proyecto inmobiliario específico, sino que se centra en la identificación de las personas responsables de los incendios denunciados.

“No hay una determinación que indique que esto sea a causa de un proyecto inmobiliario. Solamente lo que el contexto de la denuncia habla es la determinación de personas causantes de este hecho”, señaló Rojas.

No obstante, explicó que existen normativas de alcance nacional vinculadas al manejo del fuego que establecen sanciones y limitaciones para emprendimientos desarrollados en zonas incendiadas de gran magnitud, incluyendo restricciones que pueden extenderse entre 30 y 60 años para proyectos inmobiliarios, con el objetivo de permitir la recuperación del ecosistema.

En paralelo, la fiscal indicó que la causa se investiga bajo la figura de daño ambiental y otros delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos la figura de incendio, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión en casos básicos, y escalas mayores cuando existe peligro común o mayor gravedad del hecho.

“Cuando hablamos de quien causa un incendio, la pena va de 3 a 10 años de prisión, y puede agravarse si hay peligro común para los bienes o personas”, detalló.

Asimismo, Rojas explicó que también se contemplan figuras culposas cuando el hecho se produce por imprudencia, negligencia o impericia, con penas menores que pueden ir de un mes a un año de prisión, según el caso.

La fiscal también remarcó que no existen, por el momento, titulares registrales constituidos como parte querellante en la causa, aunque sí se han realizado entrevistas, testimoniales y relevamientos con personas vinculadas a la finca y al momento del hecho, además de intervenciones de Defensa Civil.

Finalmente, destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos municipales y provinciales para el cruce de información, especialmente en relación con antecedentes de incendios en zonas donde posteriormente podrían impulsarse desarrollos urbanísticos.

La causa continúa en etapa de investigación, considerada de alta complejidad por el impacto ambiental y las condiciones del terreno afectado.

Aries