Jorge D’Onofrio es investigado por presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la VTV. También lo acusan de gestionar un sistema de eliminación de multas. El juez federal de Zárate-Campana ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputado en una investigación que lo vincula con presunto lavado de dinero, corrupción y fraude en la gestión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el sistema de multas de tránsito en el territorio bonaerense. Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.
La causa, que está siendo investigada por el Juzgado Federal de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay, apunta a irregularidades en las concesiones del servicio de VTV durante la gestión de D’Onofrio.
En particular, el empresario Sebastián Desio, estrechamente vinculado al ministro, fue señalado por obtener contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias, lo que le permitió cobrar un porcentaje adicional (8,5% más IVA) sobre las tarifas de cada inspección.
Según la investigación, estas concesionarias habrían sido beneficiadas mediante resoluciones oficiales emitidas por el Ministerio de Transporte, lo que generó sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia.
Según declararon, las prácticas fraudulentas derivadas de un supuesto esquema de manipulación de multas generaron una caída en la recaudación del sistema, con pérdidas estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.
Otros involucrados en el presunto esquema de corrupción
Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y aliada cercana de Jorge D’Onofrio, también está en el centro de la investigación. Se la acusa de haber coordinado las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas.
Según las denuncias, Pombo formaba parte de una red que ofrecía la eliminación de infracciones a cambio de una comisión. Además, la dirigente tiene un historial de condenas por peculado, lo que ha generado fuertes críticas tanto de la oposición como de otros sectores políticos por su vinculación con este nuevo escándalo de corrupción.
En tanto, el juez de faltas Mario Quattrochi también está involucrado en este caso. Se lo acusa de facilitar el borrado de infracciones a cambio de sobornos. La fiscalía lo señala por fraude a la administración pública y por incumplir sus deberes como funcionario judicial.
TN