El ciudadano Luis Emilio Fayón Medina, que supo desempeñarse como presidente de la así llamada «panadería social» de la Municipalidad de Salta durante el gobierno de su pariente Bettina Romero Marcuzzi, deberá responder ante la justicia por su presunto delito de fraude a la administración pública.

Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, señora Ana Inés Salinas Odorisio, ha descubierto el fraude, cuyo perjuicio al erario asciende a una cantidad aproximada a los 100.000.000 de pesos.
También se encuentran investigadas y les ha sido imputado el mismo delito, en calidad de partícipes necesarias, la esposa y cuñada del señor Fayón Medina.

Las tres personas investigadas han comparecido a la audiencia de imputación, en la que fueron asistidas por un abogado de libre designación. Según el MPF, se abstuvieron de declarar y dijeron que no iban responder preguntas de la Fiscalía.

Salinas Odorisio procedió tras una denuncia formulada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, que apuntó «serias irregularidades» en la administración de la sociedad del Estado municipal llamada «Pan Solidario».

La auditoría practicada entrer los meses de julio y diciembre del año pasado puso de manifiesto el pago de sobreprecios, la selección discrecional de los vendedores con intención de favorecerlos y, en general, un manejo irregular de los recursos de la panadería social.

Entre los proveedores favorecidos figuran los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes -según la investigación fiscal- facturaron a la panadería municipal cantidades superiores a los 50.000.000 de pesos por la venta de fiambres y embutidos.

A los investigadores les ha llamado la atención que Fayón Medina hubiera contratado con negocios de tan pequeña escala, que no acreditan trayectoria ni antigüedad en la especialidad mercantil, sin que dichos negocios hubieran sido proveedores anteriormente «y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto».

La investigación fiscal puso de la manifiesto también la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos para la fabricación del pan. De acuerdo a la información oficial, la margarina era adquirida a cambio de un precio hasta diez veces superior al del mercado. Dice el MPF que solo la margarina produjo un daño patrimonial superior a los 3.300.000 pesos.

No solo se pagaba de más, sino que se compraba de más, ya que las cantidades de insumos adquiridos superaban significativamente las necesarias para la producción, lo que -según los fiscales- pone en evidencia un grave faltante de stock sin explicación aparente.