El equipo económico presentó su hoja de ruta para cumplir el objetivo de llegar al superávit primario del 2% del PBI en 2024. Los principales riesgos que advirtió el organismo.

La raíz del programa económico que propone el Gobierno es -y distintos funcionarios del Ejecutivo lo repiten a diario- el frente fiscal. Es decir, lograr que la recaudación supere el nivel de gasto, de manera de alcanzar unsuperávit primario de 2% del PBI para 2024. Así quedó reflejado en el último informe acordado con el FMI, en el que se detallaron los puntos principales para cumplir ese objetivo.

La meta del superávit fiscal implica un ajuste de alrededor de 5 puntos del producto, que, siempre de acuerdo a los números presentados por el Gobierno ante el Fondo, comenzarán con un ajuste del gasto de alrededor del 3% del PBI.

A grandes rasgos, el equipo económico explicó que los principales focos para avanzar en el recorte del gasto están orientados a la reducción de subsidios a la energía y el transporte, el empleo público, el gasto de capital y las transferencias a provincias y las empresas públicas.

Pero en detalle, el Ejecutivo presentó una “tabla” que muestra los números finos. Por el lado de los ingresos, se planteó un objetivo de acumulación de 1,7% del PBI explicado por los impuestos a la importación -que representan 0,8 puntos-, impuestos a la exportación por 0,5 puntos y la eliminación de exenciones tributarias por 0,4 puntos.

En tanto, las medidas de gasto -que se traducen en 2,9% del PBI- incluyen una reducción de subsidios que representan 0,7 puntos, los gastos en asistencia social por 0,4 puntos, la reforma administrativa estatal y la reducción de la masa salarial por 0,5 puntos, la baja en gastos de capital por 0,7 puntos, la reforma del sistema de jubilaciones por 0,1 punto y una baja de las transferencias a las empresas estatales y provincias por 0,5 puntos del PBI.

Sin embargo, la hoja de ruta que plasmó el Gobierno ante el FMI dejó una advertencia sobre la reforma de jubilaciones, las cargas sobre los impuestos a la exportación y las exenciones impositivas: todas requerirán de la aprobación del Congreso, un “asterisco” no menor para la planificación del Ejecutivo si se tiene en cuenta que el oficialismo no cuenta con las mayorías suficientes en ninguna de las Cámaras legislativas.

Pero además de este detalle sobre los gastos e ingresos, el Gobierno postuló también que habrá una reducción en 0,7 puntos en las transferencias de dinero; que ya sin el impacto de la sequía se podrían sumar 0,8 puntos adicionales y que habrá “otras medidas” durante el año destinadas a “compensar la reducción de los impuestos a la exportación”, que agregarían 0,3 puntos al producto.

El plan de ajuste que el Gobierno presentó al FMI

Más adelante, en el informe presentado al Fondo, los funcionarios argentinos dieron mayores precisiones sobre cómo se traducirá ese plan en decisiones concretas.

Los recortes de gastos se sustentarán en:

• La “racionalización” de los subsidios energéticos, que implicarán una suba en las tarifas de luz y gas a partir de febrero. En el caso de la electricidad se habló de un aumento de más del 200% y el gas de más del 150%.
• Recortes en las transferencias a provincias y empresas estatales. Sobre estas últimas, el informe del Fondo menciona que se trata de un “primer paso” hacia privatización.
• Reducciones en los costos operativos del Gobierno, con una reorganización de la administración nacional, que incluye menos cantidad de ministerios.
• Reducción de la masa salarial del sector público a través de la desvinculación de los trabajadores contratados en 2023. También el informe menciona una “racionalización” de los aumentos salariales de los trabajadores estatales.
• El informe sostiene que se va a “priorizar estrictamente” el gasto de capital, es decir, que se van a proteger los gasoductos y completar los proyectos en curso que se encuentren en etapa avanzada, pero indica que se van a suspender nuevas licitaciones públicas y que se buscará trasladar la inversión en infraestructura al sector privado.

En tanto, el informe explica que se aplicará un aumento temporal de los impuestos vinculados al comercio. Esto es: ampliar el alcance del impuesto PAÍS a las importaciones de bienes y servicios -con la suba de la tasa al 17,5% que fue anunciada por Caputo al inicio de su gestión- y aumentar las retenciones “para todas las exportaciones no agrícolas” a un 15%.

Además, sostiene que se harán esfuerzos para revertir las últimas modificaciones sobre el aumento de las “exenciones tributarias”, que podrían incluir, por ejemplo, la aplicación del nuevo piso para el impuesto a las Ganancias.

También describe que se “harán esfuerzos para preservar el valor real de las pensiones, especialmente para los pensionados de bajos ingresos a través de aumentos discrecionales”, pero que no se concederán moratorias y no se ampliará el plan más reciente.

Asimismo, el Gobierno reconoció que trabaja focalizar las prestaciones sociales, para lo que recurrió a la asistencia del Banco Mundial para revisar la base de datos actual de los planes que se entregan a los sectores más vulnerables.

Los riesgos del plan de ajuste que el Gobierno le planteó al FMI

Pero más allá del detalle fino de los números fiscales, el FMI también le advirtió al Gobierno que existen una serie de riesgos sobre su plan, principalmente alertó por el impacto sobre los sectores de menores ingresos y sobre la probabilidad de que crezca la conflictividad social.

En primer lugar, anticipó que la inflación dará un salto en el corto plazo, que rondará el 25% en enero y que podría mostrar cifras mensuales de un dígito a mediados de año, mientras que la economía se recuperaría recién a finales de 2024.

“Dada la delicada situación social, y el hecho de que el plan de estabilización tardará en materializarse, no se pueden descartar los riesgos de malestar social”, expresó el FMI y consideró que el plan de estabilización económica “deberá incluir una expansión temporal del apoyo social específico para proteger a los más vulnerables al estallido inicial de la inflación y la contracción de la actividad”.

“El programa sigue sujeto a niveles muy altos de incertidumbre y los riesgos aún están sesgados a la baja”, indicó el organismo multilateral de crédito en el cierre de la séptima revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.