La Asociación de Defensa del Consumidor Protectora realizó una acción de amparo colectivo en nombre de los 260.000 afiliados.

La situación en el Instituto Provincial de Salud (IPS) se agrava cada día más debido a sus deudas millonarias con prestadores y las irregularidades en las facturaciones. Por ello, Protectora, una entidad inscripta en los registros de asociaciones civiles de defensa del consumidor de la Nación y la Provincia, impulsó una acción de amparo en nombre de los 260.000 afiliados. Daniel Paganetti es el representante que decidió hacer el movimiento judicial para pedir la intervención de la obra social y una auditoría externa.

El reclamo se presentó en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, según informó Radio Salta. Se hizo en forma cautelar y complementaria a la intervención administrativa que el Ejecutivo provincial dispuso a través del decreto 108/25 por 180 días. Asimismo, se solicitó al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que realice la auditoría financiera y contable.

La entidad civil también pidió a la Justicia que solicite formalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo el dictado de una nueva ley provincial de saneamiento, modernización y sustentabilidad definitiva. El objetivo es establecer la creación de un nuevo órgano interno auditor permanente integrado por dos representantes de los afiliados del IPS.

Qué dice la demanda contra IPS

En la demanda, Protectora detalló los marcos normativos y jurisprudenciales que la legitiman para representar al colectivo inmerso en un contrato de consumo que tiene en juego derechos de raigambre constitucional como el de la salud. Aclaró que los afiliados afectados, que abonan regularmente las cuotas, no tienen representación alguna que les permita acceder a información de la obra social.

Tras recordar que el IPS fue creado por la ley 7127 en 2001, la asociación civil remarcó que su decreto reglamentario 3402/01 expresa, entre otros puntos, que el objeto fundamental del Instituto es «destinar los recursos de los afiliados y beneficiarios a la construcción de un sistema que permita atender las contingencias médico asistenciales y sociales a través de prestaciones de salud equitativamente, integrales, solidarias, financiera y técnicamente eficientes y razonablemente equilibradas, que contribuyan a la preservación de la salud física y psíquica de sus afiliados». Agregó que ese decreto puntualiza que la finalidad del IPS consiste en «proveer un servicio social de interés público, con eficiencia en la aplicación de los recursos que administra».

Por otro lado, valoró la intervención del contador Emilio Savoy por 180 días, que dio inicio el 25 de febrero. Según el documento, «busca recuperar el equilibrio financiero y la eficiencia en la prestación de servicios al colectivo de afiliados». Y aclaró que es la segunda intervención administrativa, ya que la primera fue dispuesta por el Ejecutivo provincial en 2006. «Empezó por 180 días y duró más de 7 años», reseñó.

El Intra