El nombre de Pedro García Castiella aparece asociado, una y otra vez, a controversias que terminaron colocando al propio Procurador por encima de la institución que debía proteger.
Los cargos públicos no son hereditarios. Tampoco vitalicios. Mucho menos cuando la institución que se conduce comienza a perder aquello que ningún presupuesto puede comprar: credibilidad. Pedro García Castiella llegó a la Procuración General con la promesa de fortalecer al Ministerio Público Fiscal. Hoy, en cambio, su nombre aparece asociado, una y otra vez, a controversias que terminaron colocando al propio Procurador por encima de la institución que debía proteger.
No es una causa. Son demasiadas. Jimena Salas. Vicente Cordeyro. Lautaro Ramasco. Darío Monges. La investigación contra el exsecretario de Seguridad Benjamín Cruz. Los enfrentamientos con jueces de Orán. Los pedidos de jury. En cada uno de esos expedientes o conflictos institucionales surgieron, desde distintos sectores, cuestionamientos al accionar del Ministerio Público Fiscal: familiares que denunciaron demoras e irregularidades; querellas que hablaron de deficiencias en el manejo de evidencia; defensas que plantearon nulidades; abogados que cuestionaron la conducción de investigaciones; periodistas que reclamaron explicaciones por decisiones llamativas; y dirigentes de la oposición que criticaron la demora en avanzar sobre funcionarios del propio poder. Cada episodio, por separado, puede admitir una explicación. Todos juntos terminan describiendo un problema institucional que ya no puede ignorarse.
No corresponde anticipar responsabilidades donde la Justicia aún no las ha establecido. Pero sí corresponde advertir un dato político innegable: cuando los expedientes comienzan a generar más dudas sobre quien los conduce que sobre quienes son investigados, la confianza institucional empieza a resquebrajarse.
Hay otro problema, quizás más profundo. Un Procurador General debería hablar poco y a través de sus resoluciones. García Castiella eligió otro camino. Con frecuencia asumió un protagonismo público que muchos abogados y magistrados consideran impropio de quien debe custodiar la objetividad y la prudencia institucional. La Justicia no necesita fiscales estrella. Necesita fiscales confiables. Un procurador debe administrar silencios institucionales, no competir por los titulares del día.
La reserva de una investigación no es un privilegio burocrático. Es una garantía para todos: para las víctimas, para los imputados y para la sociedad. Cuanto más se judicializan los micrófonos, más se debilitan los tribunales. Cuando la conferencia de prensa parece anteceder al expediente, o cuando detalles de investigaciones sensibles se exponen públicamente antes de que sean debatidos en el ámbito judicial, la atención deja de concentrarse en la prueba y pasa a concentrarse en quien la investiga. Ese cambio de eje termina debilitando la autoridad institucional del Ministerio Público y alimentando cuestionamientos que una mayor prudencia habría evitado.
A ese desgaste se suma una crítica política que se escucha desde hace tiempo: la percepción de que el Ministerio Público no ha demostrado la independencia que la Constitución exige frente al poder político. Más allá de que esa percepción pueda ser discutida, cuando una parte importante de la sociedad, de la oposición y de actores del propio sistema judicial comienza a poner en duda la autonomía de la Procuración, el problema deja de ser únicamente jurídico. Se convierte en institucional.
Las instituciones no se deterioran de un día para otro. Se erosionan lentamente, cada vez que la discusión deja de ser sobre la ley y pasa a ser sobre quienes la administran. Ese parece ser hoy el principal problema de la Procuración de Salta: demasiadas veces el Procurador termina siendo más noticia que las investigaciones.
Renunciar no es aceptar una culpa. Es reconocer un límite. En las democracias maduras, los funcionarios comprenden que hay momentos en los que permanecer perjudica más a la institución que abandonar el cargo.
Quizás Pedro García Castiella todavía no lo advierta. Pero el verdadero prestigio de un Procurador no se mide por la cantidad de cámaras que lo enfocan ni por la intensidad de sus declaraciones. Se mide por algo mucho más difícil: que nadie tenga razones para hablar de él porque la institución funciona por sí sola.
Y cuando eso deja de ocurrir, la mejor decisión ya no suele ser quedarse. Suele ser irse.
El Intra
