El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ha comparecido en la Legislatura de Salta en donde se ha reunido con miembros de las comisiones de Legislación General y de Justicia de la Cámara de Diputados.
El objeto de la reunión ha sido el de informar a los legisladores provinciales de los aspectos más relevantes del proyecto que impulsa García Castiella para incluir en la llamada «ley de ficha limpia» los delitos de narcotráfico y lavado de activos, como medida preventiva para evitar la infiltración del crimen organizado en el Estado y sus instituciones.
La iniciativa consiste en privar del derecho de sufragio pasivo (prohibir que se presenten a las elecciones de cargos públicos provinciales) a las personas con condena confirmada en segunda instancia (es decir, doblemente confirmada) por delitos previstos y castigados por la ley nacional de estupefacientes 23.737.
Según García Castiella, la inhabilitación electoral de los condenados no vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia, y, al contrario, establece un requisito de idoneidad para ocupar cargos públicos. En tal sentido, ha dicho, su iniciativa es plenamente compatible con la Constitución Nacional y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Procurador General ha propuesto también que la inhabilitación de los condenados se concrete desde el mismo momento de la emisión del fallo confirmatorio (no desde la comisión del delito) y que dure el doble del tiempo de la condena.
EL CONTROL TERRITORIAL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Citando experiencias internacionales, García Castiella ha dicho ante los diputados que existe un amplio consenso acerca de la forma y el ritmo de infiltración del narcotráfico en los distintos niveles del tejido social. En su opinión, este proceso comienza generalmente por los sectores más vulnerables de la sociedad e intenta luego extenderse hacia elementos del Estado, aspirando al control territorial. “Aunque si bien no estamos ni cerca de situaciones extremas, es imperioso adoptar medidas a tiempo desde todos los ámbitos del Estado, ya que no habría nada peor que visiones displicentes o desatentas ante determinados indicadores de alerta”.
En este punto, el Procurador General también ha hecho hincapié en las ultimas investigaciones relacionadas al crimen organizado en el norte de la Provincia de Salta, en donde -dice- “se han advertido vínculos entre organizadores criminales con niveles de logística y planificación de relevancia”.
A su juicio, la reciente creación de la Unidad de Crimen Organizado en el seno del Ministerio Público Fiscal ha permitido notables avances, hasta el punto de que actualmente se investiga a un excandidato a Intendente Municipal de la ciudad de Orán por su presunta vinculación con una organización dedicada no solo al narcotráfico, sino también a otros delitos complejos. Algunos de sus responsables -ha dicho- ya se encuentran en prisión preventiva.
ATACAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Para García Castiella, el objetivo principal de la reforma legal que impulsa es el de fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado.
En este sentido, ha dicho también que «ley de ficha limpia» es un paso importante, pero que considera necesario ampliarla puesto que es necesario contar con una herramienta adecuada y eficaz para atacar la renta del crimen organizado y para enfrentar con idéntica intensidad al lavado de activos financieros.
“Considero que la lucha contra el lavado de activos es incluso más importante que la lucha territorial contra el narcotráfico. Mientras el narcotráfico es la cara visible que se manifiesta con la violencia, el crimen organizado persigue la renta de manera más silenciosa. Este puede o no dedicarse al narcotráfico, dependiendo de cuál actividad sea más rentable en el momento», ha dicho el Procurador General.
