Este viernes, quedó formalizada una denuncia penal contra la escribana María Elena Jiménez, madre del actual diputado nacional. Lo asombroso es que la demanda fue presentada por su hija, quien vivió un exilio forzado siendo menor de edad.
Soledad Outes, denunció penalmente a la reconocida escribana salteña María Elena Jiménez por los delitos de ESTAFA POR ABUSO DE CONFIANZA, RETENCIÓN INDEBIDA y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA.
La escribana Jiménez (que además es socia del actual diputado nacional oficialista en su empresa constructora), quedó acusada de un delito de acción continuada, ejecutado de forma indolente y en el que la denunciante perjudicada, sólo pudo ocupar ese rol por su condición de vulnerable, tras sufrir el drama de una traumática muerte de su padre y de haber tenido que abandonar el país, sin contar con recursos necesarios para residir en el extranjero, durante muchos años.
A ello hay que añadirle, que la denunciante, hija de la acusada, hizo reserva de ampliar la acusación por OTROS DELITOS CONEXOS.
En la presentación, realizada ante la Fiscalía Penal N° 1 de Salta, se indica que, en el año 2019, la víctima, hija biológica de Jiménez, tomó conocimiento del expediente del juicio sucesorio que se tramita por la muerte de su padre, Pablo Eliseo Outes (asesinado en julio de 1976 en la Masacre de Palomitas) y detectó actos jurídicos, disposiciones y administraciones patrimoniales, que le “generaron perjuicios económicos comprobables”.
La mujer, indicó que durante todos los años posteriores a la muerte de su padre fue “víctima del engaño, el abuso y la infidelidad” y que la denunciada (escribana de profesión), se aprovechó de su “lejanía, vulnerabilidad y desconocimiento sobre asuntos jurídicos y notariales”.
En la presentación, se deja constancia de que la denunciada (madre de Soledad), fue apoderada legal y administradora de la sucesión del padre de la denunciante.
Soledad Outes, en su presentación afirma haber sido víctima de engaño, y abuso y entre los asuntos jurídicos y notariales, figura la venta de Finca Lagunita o Madeta en 1982, una valiosa propiedad rural perteneciente a su padre.
Maria Elena Jiménez vendió la propiedad, actuando por derecho propio y en virtud de un poder otorgado en 1980. Su hija, afirma nunca haber recibido ni un centavo del producido de esta venta, ni explicaciones ni rendición de cuentas sobre la liquidación del bien.
Otro perjuicio económico es el cobro de Indemnización del Estado Argentino como parte de lo establecido por la Ley N° 24.411, que establece una compensación para víctimas de la dictadura militar.
En la presentación, se indica que la señora Jiménez es escribana pública, lo que implicaría un conocimiento de los términos del mandato conferido y un aprovechamiento de la vulnerabilidad de su hija.
VULNERABILIDAD Y DESAPARICIÓN FORZADA
Soledad Outes, dejó constancia del contexto en el que se produjeron los hechos, en primera instancia, sobre cómo se produjo la muerte de su padre, una de las víctimas de la “Masacre de Palomitas”, ocurrida el 6 de julio de 1976, en el marco del terrorismo de Estado. A lo que debe sumarse, que previo a esa ejecución, su padre había estado detenido en Salta y en otros lugares del país.
Ese contexto de vulnerabilidad y dolor familiar que hace que el presunto abuso por parte de la madre sea aún más lamentable y grave. La indemnización cobrada también se relaciona con esta trágica circunstancia.
La denunciante, era menor de edad y tiene documentada su condición de exiliada (a España) tras la muerte de su padre.
Por otra parte, Soledad Outes, hizo reserva de ampliar la denuncia por «concurso real con otros conexos», lo que debe interpretarse sugiere que los hechos podrían ser más complejos de la denuncia inicial de este viernes 20 de marzo y abarcar otros delitos no detallados inicialmente.
Opinorte
