A casi una década de su ejecución, el llamado Fondo de Reparación Histórica del Norte de la Provincia de Salta volvió a quedar bajo la lupa. El reciente dictamen de la Auditoría General de la Provincia de Salta expuso una serie de irregularidades administrativas y fallas documentales en la gestión de los recursos creados por la Ley 7691, un programa  impulsado durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) cuestionaron la tardía publicación del informe y advirtieron que, pese al tiempo transcurrido, los datos revelan serios problemas en la administración de los fondos destinados a obras públicas en el norte provincial.

“La Auditoría General de la Provincia ha publicado su dictamen sobre las obras e inversiones referidas al llamado ‘Fondo de Reparación Histórica del Norte de la Provincia de Salta’, creado por la Ley 7691”, señalaron desde el foro.

Pero inmediatamente advirtieron sobre el tiempo transcurrido entre la ejecución de las obras y la difusión del informe: “La publicación de las conclusiones de la Auditoría General Provincial resulta notoriamente tardía, si se atiende que las obras e inversiones a las que se refiere fueron concebidas, o debieron serlo, hace entre ocho y diez años”.

Según remarcaron, ese retraso limita cualquier posibilidad de corregir irregularidades administrativas detectadas en el manejo de los fondos.

El dictamen de la auditoría dejó al descubierto problemas concretos que, según el FOCIS, ponen en duda el control administrativo del programa.

Entre los puntos más llamativos se menciona que: “La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia ocultó expedientes que no pudieron ser auditados”.

También se señala que, de un total de 35 obras seleccionadas para el análisis, más de la mitad presentaban problemas documentales. “De 35 obras seleccionadas, 20 tienen documentación incompleta. Estas supuestas obras representan el 30 % del importe que se financiaría con el Fondo de Reparación Histórica”.

El informe agrega otro dato preocupante: “el 54 % del importe ejecutado y financiado por el citado Fondo no pudo ser examinado porque los archivos de la citada Secretaría fueron calificados como ‘Regulares’ por la Auditoría”.

Desde el foro interpretaron esa calificación con dureza: “Cerca de malos, diremos nosotros, y se trata de dinero público”.

A partir de estos datos, el FOCIS planteó que las actuales autoridades provinciales y municipales deberían impulsar acciones para esclarecer el destino de los recursos.

“Las actuales autoridades provinciales y municipales tienen el deber de pedir rendición de cuentas a aquellos ‘administradores’, y formular las correspondientes demandas o denuncias que permitan el esclarecimiento de los hechos”.

El foro incluso reclamó que se investigue el destino de los fondos que no pudieron ser auditados.

“Debe permitirse la recuperación de los fondos ‘desaparecidos’ y, en su caso, el castigo de los que hayan sido culpables de su evaporación por actos delictuales o simplemente por mala administración”.

El programa había sido presentado como una iniciativa destinada a reducir las desigualdades estructurales en tres departamentos del norte provincial: Orán, San Martín y Rivadavia.

El objetivo era financiar obras de infraestructura básicas, principalmente agua, saneamiento y caminos.

Sin embargo, según el FOCIS, la auditoría confirma que muchos de esos proyectos no lograron concretarse o quedaron rodeados de inconsistencias administrativas.

“Los habitantes de esa casi olvidada zona de Salta deberán esperar todavía las obras que les permitan la vida y el progreso viviendo allí”.

El documento recuerda que las necesidades eran —y siguen siendo— elementales.

“Se trata de provisión de agua, tratamiento de líquidos cloacales y caminos. Es decir, de lo necesario, imprescindible para la vida”.

Frente a este escenario, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta reclamó que se avance en la investigación de lo ocurrido con los recursos del programa.

“Desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta denunciamos con firmeza lo ocurrido, y exigimos a las autoridades provinciales y de los municipios involucrados que deduzcan el juicio y castigo correspondiente a los responsables y la devolución del dinero público desaparecido”.

Las empresas 

Pero detrás de los informes aparece otro elemento que rara vez ocupa el centro del debate: las empresas que recibieron los fondos del programa.

En varios casos, el patrón se repite: anticipos financieros elevados, demoras prolongadas y obras que nunca se concretaron o quedaron a medio camino. El caso emblematico es MEGA, propiedad de Carlos Berruezo, hermano de la ex ministra de Educación, que dejó un tendal de obras en Orán y Colonia Santa Rosa, pero no es la unica.

Ecosuelo SRL

La empresa Ecosuelo SRL fue adjudicataria de redes cloacales y plantas de tratamiento en Rivadavia y La Unión.

El 14 de mayo de 2014 recibió un anticipo de 248.335 dólares. Sin embargo, el primer certificado de obra recién apareció 847 días después, el 7 de septiembre de 2016.

En Santa Victoria Este, la obra de redes cloacales registraba 21% de avance físico con el 50% del presupuesto ejecutado.

Detrás de la firma aparecen nombres como Gabriel Pablo Bandiera y Cecilia Beatriz Leotta. En 2017, además, la empresa fue denunciada por trabajadores wichís por empleo en negro y condiciones laborales precarias.

Constructora Norte

Otro caso es el de Constructora Norte, que firmó en 2014 un contrato por $37.139.324 para construir una planta depuradora en Orán.

El anticipo —superior al millón de dólares— se pagó apenas un mes después del contrato. La obra, en cambio, tardó años en comenzar debido a problemas de expropiación del terreno.

Algo similar ocurrió con el recambio de redes cloacales en Orán: anticipo pagado en 2014 y primer certificado recién en 2019.

Entre sus socios aparecen Esteban Maximiliano Manzur y Araceli Gimena Guzmán Tapia.

Camata Construcciones

La empresa Camata Construcciones recibió en 2013 un anticipo equivalente a 54.054 dólares para construir un centro de salud en el barrio Taranto.

Según los registros, no hubo avance físico de la obra. La firma pertenece a la familia Camata, integrada por Ciro Alberto Camata, su hijo y Nelson Ariel Camata.

Dal Borgo SRL

Otra empresa histórica de la obra pública provincial es Dal Borgo SRL, fundada por Rino Dal Borgo.

En Rivadavia Banda Norte se le asignaron $280.506.000 actualizados para construir una planta cloacal que nunca se realizó.

La firma forma parte de un entramado de empresas que incluye Norte Áridos e INCOVI, con décadas de contratos estatales.

J. P. Garín Construcciones

La empresa J. P. Garín Construcciones, presidida por Juan Pedro Garín, tuvo a su cargo dos proyectos clave:

• la toma de aducción en El Limón
• la ampliación de la planta del dique Itiyuro

Cada obra tenía un presupuesto inicial de $50 millones, que a valores actuales equivalen a $14.750 millones. Ninguna se concretó.

Otro proyecto fue la electrificación del camino a Tonono: presupuesto inicial de $7 millones, con menos del 20% de avance físico pero casi el 45% del dinero pagado.

En 2022 la empresa también fue denunciada por salarios en negro y amenazas de abandono de obra.

Opinorte