El senador nacional y uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner comenzará a ser juzgado el 13 de junio por autorizar el uso de 800 mil pesos. También está acusada la ex titular de la Casa de la Moneda. Los ejemplares nunca se imprimieron

El senador nacional Oscar Parrilli comenzará a ser juzgado el próximo 13 de junio por el presunto delito de defraudación a la administración pública por haber autorizado en 2013, cuando era secretario General de la presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner, el uso de 800 mil pesos para imprimir un libro que nunca salió. Se trató de “La Década Ganada”, un texto para festejar el bicentenario de la patria.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Tribunal Oral Federal 7 fijó para la fecha del inicio del juicio. Será el 13 de junio a las 9:30 horas bajo la modalidad videoconferencia. Junto con el senador nacional serán juzgadas otras tres personas, entre ellas Katya Daura, ex titular de la Casa de la Modena, organismo al que se le adjudicó la impresión del libro.

El caso estará a cargo del TOF, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, el mismo tribunal que tiene el expediente de los llamados “Cuadernos de la corrupción”, en el que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. La acusación estará a cargo de la fiscal Fabiana León, están convocados a declarar cerca de 90 testigos -se juzgarán dos causas- y las audiencias serán una vez por semana, los lunes.

Parrilli, hoy uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, está acusado de haber autorizado el uso de 800 mil pesos de la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010″ -a cargo de los festejos y actividades por los 200 años de la patria- que dependería de la Secretaría General de la Presidencia que estaba a su cargo, como adelanto para la impresión del libro que nunca se hizo y que a pesar de eso los fondos no fueron reclamos

El libro “La Década Ganada” formaba parte del “Plan Integral de festejos que busca construir un sentir de pertenencia, integración y creciente participación de la sociedad toda”. Se iban a imprimir 100 mil ejemplares para entregarse entre mayo y junio de 2013 a un precio de 80 pesos cada libro.

El trabajo fue adjudicado de manera directa a la Casa de la Moneda que gastó 2.652.000 de pesos en el papel y más de un millón de pesos el el alquiler de un depósito. En 2015, el nuevo titular de la Casa de la Moneda, Marcelo Pose, hizo la denuncia penal que derivó en la causa que se comenzará a juzgar

Tras los procesamientos que dictó el fallecido juez federal Claudio Bonadío, el fiscal Carlos Rívolo pidió en octubre del 2017 que la causa pasé a juicio oral. Rívolo señaló que hubo un “uso indiscriminado de los recursos del Estado, sorteando invariablemente los canales regulares propios de la administración pública y bajo la apariencia de un proceso licitatorio normal que en realidad no fue tal, y que ha redundado en un claro perjuicio para el erario público”.

Para el fiscal, Parrilli en “su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda (SECM) – por fuera de los canales legales- las términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a SECM por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución; deberá responder en calidad de autor”.

Junto con Parrilli y Daura serán juzgados Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y Matías Njirjak, ex Jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.

En el juicio se juzgará en segundo caso. Es contra Daura por el presunto uso de siete millones de pesos de la Casa de la Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de en su casa de la localidad bonaerense de Pilar. Junto con la ex funcionaria también están acusados Héctor Desmarás, gerente de seguridad de la Casa de Moneda, y Mario Enrici, gerente general del organismo.

Fuente: Infobae