Roberto Manuel Paz, ex jefe comunal, tiene pendiente un requerimiento de juicio en la justicia provincial por quedarse con una suma de 860 mil pesos. En el fuero federal, en tanto, avanza otra causa en su contra por no rendir fondos de Nación.

En la amplia gama de ex intendente investigados penalmente por delitos cometidos durante sus respectivas gestiones, se destaca, sin dudas, la situación de Roberto Manuel Paz, quien fue intendente del municipio de El Tala, en el sur provincial, en la gestión de 2011 a 2015, ya que enfrenta dos causas penales, una en la justicia de la provincia y otra en el Juzgado Federal 2.

Con fecha del 12 de abril de 2022, Paz tiene en su contra un pedido del fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, que debe ser resuelto por el Juzgado de Garantías 1 del distrito Metán, quien también debe resolver un planteo similar contra el ex intendente Andrés Jesús Mellado, quien lo había denunciado.

La acusación contra Paz es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos, estafa y por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Mellado Castellanos, quien, curiosamente, pasó de denunciante a acusado, fue requerido también a juicio, en su caso, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el delito de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos en concurso real.

La investigación contra ambos ex intendentes se inició a raíz de un informe que fue remitido por el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, en el que se da cuenta de hechos delictivos, los que obviamente fueron motivo de investigación.

Entre las irregularidades referidas a la gestión de Paz, aparece falta de registro de bienes, sobre todo inmuebles de la Municipalidad de El Tala. Esto, provocó que el equipo de auditoría actuante, no pueda determinar si las disposiciones de bienes inmuebles analizadas, son efectivamente las únicas operaciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, o si se hubieran sucedido otras que no llegaron a su conocimiento y que podrían haber afectado la situación de los bienes al 31 de diciembre de 2016.

Según lo denunciado, al sumir, Mellado Castellanos realizó un monitoreo y análisis de las finanzas municipales, ya que se habían advertido ciertos “faltantes de maquinarias”. Asimismo, se pudo constatar grave irregularidades en el registro de fondos ingresados.

Entre otros puntos, indicó que, al revisar los fondos de Coparticipación Nacional, se pudo establecer que, de la remesa correspondiente a diciembre de 2014, de $ 562.870,28, el ex intendente Paz registró sólo la suma de $ 56.270,28, con lo cual el municipio perdió $ 506.620,00.

El mismo “modus operandi”, según Mellado Castellanos, se advirtió en los fondos percibidos por ese mismo mes, diciembre de 2014, pero correspondiente a rubro de Coparticipación Provincial. En ese caso, de una suma de $ 159.965,05, en los registros contables del municipio, Paz registró $ 15.965, 05, perdiéndose así un monto de $ 144.393,00.

Las diferencias en cuestión, que hace un total estimado de 650 mil pesos, fueron adjudicadas por Mellado Castellanos como el botín que su antecesor se apropió del municipio. Indicó que, para ello, Paz ocultó la sustracción de esos fondos con una particular maniobra, la que consistió en utilizar los mismos dígitos de los montos remitidos, pero sustrayendo un cero, con lo cual sólo registró el 10 % de los fondos que fueron girados al municipio, quedándose con el otro 90 % de ese dinero.

Por otra parte, Mellado Castellanos acusó a Paz de quedarse directamente con el total de otros fondos, como es una suma de $ 56.321, correspondiente a un convenio firmado con la Dirección de Vialidad de Salta, y que corresponde al Programa de Asistencia Financiera para la Pavimentación de Áreas Periurbanas, las que fueron ejecutadas por el municipio.

De la sumatoria de irregularidades, surgió una acusación penal por la supuesta apropiación por parte de Paz de otros montos, correspondientes a fondos de programas nacionales y provinciales, los que hacen una suma total de más de 860 mil pesos, dinero que debería haber ingresado al municipio de El Tala.

Fondos nacionales

Mientras la justicia provincial decide la fecha de juicio por los delitos imputados por el fiscal López Ibarra, el Juzgado Federal 2, a cargo de Mariela Giménez, se dictó una orden para investigar las cuentas bancarias de Paz en busca de fondos de origen nación que se habría apropiado, durante su gestión.

En la justicia federal, la causa se abrió el 22 de agosto de 2017, por actuaciones remitidas por la Fiscalía de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, originada en la denuncia efectuada por el mismo Mellado castellanos contra Paz, en este caso, por malversación de caudales públicos.

Sostuvo que, al asumir y hacerse cargo de la administración, encontró faltantes de maquinarias, varios elementos, y de caudales públicos que ingresaron a la municipalidad, concretamente: a) Coparticipación Nacional; b) Coparticipación Provincial; c) Ingresos por convenio con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Salta; d) Ingresos por Ayuda Financiera del Fondo Compensador Municipal; e) Ingresos Fondo Federal Solidario – noviembre 2015; f) Fondos girados por el RENATEA. II.

Ante ello, López Ibarra, a los fines de dilucidar la competencia en relación a los hechos denunciados, solicitó un informe técnico contable al Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien informó que con respecto al Ingreso Federal Solidario (Soja 30%) -Noviembre 2015 y Diciembre 2015, se trató de un recurso cuya rendición debe efectuarse a la Secretaría de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Salta, quien a su vez rinde a los organismos correspondientes del Gobierno Nacional, por lo que arguyó competencia federal.

Con respecto a los fondos asignados por el programa RENATEA, indicó que se trata, también, de un recurso de competencia federal, proveniente de un convenio firmado el 08 de agosto de 2015 entre esa entidad y el Municipio de El Tala, por lo que el fiscal provincial dictó su incompetencia en razón de la materia respecto a los Ingresos Fondo Federal Solidaria de 2015 y Fondos girados por RENATEA.

Su postura, sin embargo, sólo fue aceptada respecto a los fondos de RENATEA, que estaban bajo control de organismos nacionales. En cuanto al dinero del fondo Soja Solidario, el mismo ya quedó bajo control de la administración provincial, por lo que los supuestos delitos tienen como afectado al órganos local y no nacional.

Ahora bien, en cuanto al programa “RENATEA en tu Municipio”, el mismo tenía como finalidad la realización de acciones coordinadas y conjuntas tendientes a lograr la registración de trabajadores y empleados agrarios, fortalecer el empleo de calidad y la capacitación de los trabajadores del sector, gestionar el acceso al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y Servicio de Sepelio, estableciendo para ello una serie de objetivos, atribuciones y obligaciones tanto del Municipio como del RENATEA.

En ese orden, se detalló que, a tales fines, se acordó la transferencia de la suma de $30.600,00 (pesos treinta mil seiscientos), a desembolsar en una cuota, a una cuenta del Banco Macro a fin de que esos fondos se destinen a un fin específico.

Por otra parte, se estableció que, en fecha 10 de junio de 2016, el Gabinete de Asesoramiento Técnico emitió un informe técnico a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, en donde se dio cuenta que obraba una intimación cursada por el Gerente Legal Técnico y Administrativo del RENATEA al intendente de la Municipalidad de El Tala, en virtud del incumplimiento de las prerrogativas acordadas, toda vez que el objeto del convenio firmado era la puesta en funcionamiento de la Unidad de Gestión Territorial.

Al respecto, se informó que el nuevo intendente que asumía en el cargo, manifestó que en la municipalidad no obraban registros o constancias del cumplimiento del referido convenio; destacando que en los inventarios no existían los mobiliarios que se debían adquirir con los fondos trasferidos ($30.600), y que dicha suma no se encontraba registrada.

Por ello, se sostuvo que no existían acciones en ejecución puesto que el convenio aludido no se haya cumplido al momento de la intimación y, por ende, los fondos girados se encontraban sin ser afectados a la realización de las acciones acordadas por la municipalidad.

También se referenció la existencia incompleta un informe de la Auditoría General de la Provincia de Salta, en donde se detallaban las cuentas del municipio. En vista de estos elementos reunidos, es que la fiscalía federal solicitó avanzar y requerir al banco información sobre la ruta de los 30.600 pesos que fueron remitidos a El Tala, en ese entonces, bajo el mando de Paz.

Fuente: El Intra