Había sido creado en 2020 para “sostener el normal funcionamiento de las finanzas” bonaerenses. Se sustentaba con el 1% de coparticipación quitado a la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia.

En medio de la feroz disputa que mantiene con los gobernadores, el Gobierno eliminó este lunes el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires y recortó así los ingresos del territorio gobernado por Axel Kicillof.

Este fondo había sido creado por Alberto Fernández en 2020, durante la pandemia, y había desatado un escándalo político porque significó la quita de más de un 1% de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para compensar a la provincia en el reparto de recursos.

El decreto 192/2024 publicado este lunes en Boletín Oficial derogó el artículo 4 del Decreto N°735 del 9 de septiembre de 2020 que oficializaba la creación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires, con el fin de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas” del territorio bonaerense. En aquel momento, el Presidente anunció en cadena nacional que eran para pagar los salarios de la policía bonaerense.

La decisión podría provocar un nuevo conflicto para el Gobierno en medio de la fuerte disputa que mantiene con los gobernadores patagónicos por los fondos de la Coparticipación.

Esto se debe a que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al Ministerio de Economía por la falta de pago de más $15.000 millones que serían en concepto de estos fondos.

La carta firmada por el ministro de Finanzas de la provincia, Pablo López, solicita el “inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo alFondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires”.

Casi como una respuesta al reclamo que realizó el gobierno bonaerense la semana pasada, el Gobierno tomó la decisión de eliminar el Fondo y justificó su decisión en que se está realizando “un ajuste necesario a nivel nacional”.

A su vez, desde Nación ampararon la decisión en las facultades que tiene el Ejecutivo luego de haber aprobado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros sectores.

“El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”, indicaron en los considerandos de la decisión que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Entre los considerandos, hubo una fuerte crítica al gobierno anterior: “Ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

Por lo tanto, justificaron: “Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central”.

De esta manera, se evidencia aún más el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y una gran parte de los gobernadores, luego de una semana en la que el Presidente tuvo un fuerte ida y vuelta con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

No es la única medida de recortes que tomó Nación este lunes, dado que también redujo al 1% el aporte de fondos del impuesto PAIS al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso ligado a Juan Grabois que estuvo envuelto en una fuerte polémica durante la semana pasada.

El Ejecutivo tiene bajo la lupa ese fideicomiso, que tiene por objetivo financiar proyectos de urbanización de barrios populares de todo el país. Según datos oficiales a los que accedió TN, a través del FISU se aprobaron 1395 obras de infraestructura urbana (1278) y desarrollo de lotes con servicios (117) de las que solo se terminaron 474, es decir, el 34%.