La Justicia ordenó el embargo de las cuentas de POSCO Argentina en el marco de una demanda iniciada por un proveedor salteño, mientras el abogado de la firma, Nicolás Maggio, sostiene que comenzaron a aparecer otros empresarios con reclamos similares. Aunque la minera intentó relativizar el impacto de la medida al asegurar que sus cuentas no estaban embargadas, el letrado afirmó que la cautelar sigue vigente y advirtió que el caso podría ser apenas el primero de una serie de litigios que opacan el control estatal sobre una de las mayores inversiones de litio en Salta.

La decisión de la Justicia salteña de embargar cuentas bancarias de Posco por un reclamo de un proveedor local fue ratificada por el abogado de la firma demandante, Nicolás Maggio, pese los intentos de desestimarla por parte de la minera. Reveló que, tras hacerse público el caso, numerosas empresas salteñas comenzaron a consultar a su estudio para iniciar acciones similares.

Según explicó el letrado, el conflicto que dio origen al embargo no sería un episodio aislado, sino el reflejo de una problemática que alcanzaría a varios proveedores que prestaron servicios para el proyecto de litio que la compañía desarrolla en la Puna.

«Una vez que se hizo público esto, muchas otras empresas proveedoras locales empezaron a consultarnos para iniciar reclamos similares. Nos encontramos con que son varias las empresas locales que están siendo perjudicadas», confirmó Maggio.

El origen del embargo

El abogado explicó que antes de acudir a la Justicia realizaron un reclamo administrativo, durante el cual la propia empresa reconoció la existencia de una deuda con su cliente.

«Hicimos un reclamo previo administrativo. Hace más de un año Posco reconoció que efectivamente adeudaba a mi cliente una suma de dinero muy importante, pero decidió compensarla de otra manera y nunca cumplió con esa obligación», aseguró.

Ante la falta de pago, el proveedor promovió una medida judicial y obtuvo un embargo preventivo sobre las cuentas de la empresa.

«La Justicia hizo lugar al planteo y trabó embargo sobre las cuentas de la empresa minera coreana», indicó.

Maggio remarcó que la discusión recién comienza y que la demanda principal aún continúa su trámite, mientras el embargo busca garantizar un eventual cobro futuro.

¿Modus operandi?

El abogado dijo no comprender por qué una compañía que anunció inversiones por más de 1.500 millones de dólares en Salta mantiene conflictos de esta naturaleza con empresas locales.

«No entiendo la modalidad operativa de Posco. Claramente existe una forma de trabajar porque, una vez conocido este caso, aparecieron muchas otras empresas en situaciones similares», afirmó.

Según describió, la empresa ejecutaría de manera estricta las cláusulas contractuales cuando le resultan favorables, pero luego surgirían inconvenientes al momento de cancelar los pagos.

«Celebran contratos con determinadas cláusulas, ejecutan todas las condiciones a su favor y cuando llega el momento de pagar aparecen compensaciones financieras y una serie de perjuicios para los proveedores», sostuvo.

Una posible ola de reclamos

Se calcula que con los distintos reclamos, el monto podría alcanzar los 15.000 millones de pesos, sin embargo Maggio manifestó que entre el expediente que representa y otro reclamo del que tomó conocimiento se alcanzaría una cifra , no dijo cuánto, y aclaró que podrían existir muchos más casos.

«Entre esos dos reclamos ya se llega a un monto muy importante. Después hay muchos más», señaló.

Organismos de control

El abogado evitó formular acusaciones contra autoridades provinciales, aunque consideró que el caso debería servir para revisar los mecanismos de fiscalización sobre grandes inversiones mineras.

«Es claramente una llamada de atención, si no una alerta roja. Hay mucho para revisar y mucho para mejorar. Los organismos de control no están bien instrumentados», expresó.

Sus declaraciones se suman a otros antecedentes que involucraron a Posco desde su desembarco en Salta, entre ellos actuaciones administrativas por trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular, cuestionamientos por parte de proveedores y una conciliación homologada por la Justicia Federal en 2026 por irregularidades administrativas vinculadas a la importación de precursores químicos.

¿Puede operar una empresa con sus cuentas embargadas?

Según el estado actual del expediente, las cuentas permanecerían inmovilizadas hasta que el juzgado disponga otra medida o la empresa ofrezca garantías suficientes para sustituir el embargo.

«Ellos solicitaron reemplazar el embargo por otra garantía, pero entendemos que existe riesgo de incumplimiento y por eso preferimos que el dinero permanezca inmovilizado», indicó el abogado.

No obstante, aclaró que el embargo preventivo no constituye una sentencia sobre el fondo del conflicto, sino una medida cautelar destinada a asegurar el eventual cumplimiento de una futura resolución judicial.

La repercusión pública del caso ya produjo un efecto inmediato: proveedores que hasta ahora no habían iniciado acciones comenzaron a evaluar reclamos judiciales, lo que podría derivar en una nueva etapa de litigios alrededor de uno de los principales proyectos de litio que se desarrollan en la provincia.

Gente de Salta