El Gobernador de la Provincia ha decidido hoy enviar a la Legislatura de Salta un proyecto de ley, que bajo el pretexto de suprimir las PASO (que ya estaban suspendidas y casi olvidadas), resuelve que en las elecciones provinciales se seguirá utilizando el moribundo voto electrónico.

La decisión no es de ningún modo sorpresiva, pero su confirmación obliga a preguntarse si detrás de ella no se ocultan intereses económicos o inconfesables apetitos de ventajas electorales.

Días pasados, el exvicegobernador de Salta y actual senador provincial por Cachi, don Walter Wayar, con un gesto muy serio, contó en un programa de televisión que la misma empresa que desde 2013 alquila al gobierno de Salta (a precio de oro, por supuesto) el hardware y el software del voto electrónico, ofreció a su gobierno (al gobierno de Romero) una coima [sic] a cambio de la contratación del producto.

Dice Wayar que el gobierno de entonces no solo rechazó la coima sino que también denunció (sin éxito, aparentemente) a quienes se la habían ofrecido. La historia es verosímil, pero Wayar deberá probar lo que dice.

Poco tiempo después de que Wayar perdiera las elecciones en 2007 y Romero fuese sucedido por Juan Manuel Urtubey, el nuevo gobierno decidió, sin mucho cabildeo y, desde luego, sin ninguna presión política o ciudadana, alquilar esas mismas máquinas cuyos propietarios -supuestamente- habían tentado algunos años atrás a los gobernantes anteriores con una jugosa coima.

Si la historia de Wayar llegase a ser verdad, podría llegar a pensarse que el gobierno provincial erigido en 2007 vio con buenos ojos lo que su antecesor no quiso ver ni en pintura.

De algún modo resulta sospechoso que el voto electrónico que se utiliza en Salta, sustentado en una tecnología altamente vulnerable (tarjetas con chip RFID), muy poco respetuoso del secreto del sufragio y permanentemente atacado por su falta de transparencia y por las enormes dificultades para su fiscalización por parte de los ciudadanos, se haya mantenido durante una década, sin que nadie en el gobierno propusiera su eliminación y ni siquiera se contemplara la contratación de otra empresa, de otros terminales y de otra tecnología.

Evidentemenre, el voto electrónico salteño sí respeta el secreto; pero no el del sufragio emitido por el elector (que puede ser fácilmente violado, como casi todo el mundo sabe), sino el secreto que se esconde detrás de su opaca contratación y el de su no menos opaco sostenimiento, a todo evento, no solo por parte del gobierno sino también por parte del Administrador Electoral que, teóricamente, forma parte de un poder independiente, pero que no dudó en ningún momento en ejercer de ariete marketinero a nivel nacional de las nefastas maquinitas.

Es a Wayar a quien corresponde probar lo que afirma. Lo lamentable es que la decisión que se ha conocido hoy puede llegar, incluso, a relevar al veterano senador por Cachi de producir cualquier prueba.