El abogado Humberto Pedro Burgos, hijo, actual presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, aparece como cabeza de la lista «Abogacía Plural y Federal» que postula a tres candidatos a consejeros titulares y tres suplentes al Consejo de la Magistratura de Salta.

El doctor Burgos, que viene desempeñando el cargo de presidente del Colegio de Abogados de Salta desde hace seis años, será todavía presidente de la institución cuando se celebren las elecciones en las que los abogados salteños deberán elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, pues es sabido que estas elecciones se celebrarán el próximo día viernes 10 de marzo, mientras que las señaladas para renovar el consejo directivo de la institución corporativa están previstas para el día viernes 31 de marzo; es decir, tres semanas después.

Acompañan al actual presidente del Colegio de Abogados en su lista al Consejo de la Magistratura cuatro candidatos que se desempeñan actualmente como miembros del consejo directivo del mismo Colegio:

María Luisa Falconier Diez (actual vicepresidenta del Colegio y segunda candidata titular de la lista de Burgos).

Viviana Elisa Carrizo (actual directora titular del CD del Colegio y primera candidata suplente de la lista).

Ángel Reston (actual director titular del CD del Colegio y segundo candidato suplente de la lista).

Ramón Alberto Leal (actual director suplente del CD del Colegio y tercer candidato suplente de la lista).

Parece evidente que si el doctor Burgos resultara electo consejero del Consejo de la Magistratura, no asumirá su nuevo cargo sino después de la expiración de su mandato como presidente del Colegio de Abogados.

Sin embargo, esta circunstancia no excluye el riesgo de parcialidad del consejo directivo del Colegio y de su presidente en el periodo comprendido entre la oficialización de la lista y la celebración de las elecciones al Consejo de la Magistratura.

Esta elecciones, fuertemente intervenidas por el Estado (aunque sometidas, insólitamente, a una regulación reglamentaria ajena a la autonomía colegial), son unas elecciones corporativas (y públicas, en el sentido que veremos luego), tanto por la conformación del cuerpo electoral (prácticamente idéntico al que elige a la directiva del Colegio de Abogados) como por el lugar en donde se desarrollan las campañas y se efectúa la votación.

Por tanto, lo que cabe esperar es que el consejo directivo del Colegio de Abogados (el que tiene el mandato vigente en el momento de la elección) actúe con la necesaria neutralidad no solo para asegurar que las demás listas en competencia puedan formular sus propuestas y pedir libremente el voto a los colegiados, sino también para aventar cualquier sospecha de parcialidad.

Se trata, por tanto, de una cuestión que es más moral que jurídica y que en principio afecta no solamente a la imagen de la institución corporativa sino también a la confianza que los ciudadanos no-abogados legítimamente depositan en una institución, a la que suponen neutral y a la que le corresponde nominar a seis personas que van a integrar un órgano constitucional que tiene asignada una misión crítica para las libertades y la democracia.

Desde que la ley provincial 5412 (Art. 147) permite a los presidentes y demás miembros del consejo directivo ser reelectos en sus cargos, la celebración de elecciones corporativas con intervención o influencia directa del «aparato» no son infrecuentes en Salta. Sin embargo, una cosa es que el presidente en ejercicio y sus directores participen en una elección para renovar sus cargos en el propio Colegio, y otra bastante diferente es que los mismos abogados, antes de que caduque su mandato corporativo, intenten ganar unas elecciones para integrar un órgano del Estado.

Las elecciones de abogados al Consejo de la Magistratura son unas elecciones públicas regidas por el Derecho Administrativo, en tanto se encuentran en juego los fines de interés público que atiende la corporación y en cuanto se atribuye a la entidad colegial funciones o potestades tradicionalmente reservadas al poder público. Al contrario, las elecciones de miembros del consejo directivo, aunque son igualmente corporativas, están regidas por el Derecho Privado, en tanto y en cuanto están relacionadas directamente con la dimensión asociativa de la corporación y no con sus fines de interés público.

Es precisamente esta distinción la que se erige como obstáculo para que los miembros en ejercicio de un consejo directivo puedan presentar sus candidaturas a unas elecciones públicas, pues en tal caso se podría generar la sospecha de que tanto el presidente en ejercicio como sus directores y directoras van a utilizar su posición de preeminencia dentro de la organización colegialpara inclinar a su favor la balanza electoral, con evidente perjuicio o postergación de las otras candidaturas.

Esta situación podría comportar también un aprovechamiento ilegítimo de la alteración unilateral de la periodicidad electoral llevada a cabo a través de la resolución 12/2020 del consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que, invocando la excepcionalidad de la pandemia, autoprorrogó su mandato y lo extendió al 31 de marzo de 2021, cuando el voto de los colegiados había decidido que el mandato caducara el día 31 de octubre de 2020.

Una vez superadas las circunstancias excepcionales de la pandemia, el consejo directivo electo en marzo de 2021 debió descontar cinco meses de su mandato, no con otro propósito que el de que las elecciones para su renovación no coincidieran con la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura, (y que estas volvieran, por tanto, a celebrarse en el mes de octubre) y los electos no ejercieran sus cargos corporativos por un tiempo superior al previsto en la ley.

Lo que corresponde, en consecuencia, es que el doctor Burgos, si desea presentarse como candidato al Consejo de la Magistratura, y los miembros de su consejo directivo, dimitan de sus cargos para favorecer una elecciones leales y transparentes, así como para eliminar del horizonte cualquier sospecha de favoritismo o parcialidad, sean o no infundadas.

EL APOYO DE ABEL CORNEJO

No se debe olvidar que en la última ceremonia de juramento de nuevos abogados y de entrega de credenciales, el presidente del Colegio, doctor Burgos, invitó al estrado presidencial y a entregar credenciales en mano al precandidato a Intendente Municipal de la ciudad de Salta, señor Abel Cornejo Castellanos, que fuera presidente del Consejo de la Magistratura de Salta durante cuatro años.

Este gesto -que excede la mera cortesía protocolaria, puesto que Cornejo no ocupa ningún cargo público- refuerza la impresión de que la candidatura del doctor Burgos al Consejo de la Magistratura de Salta cuenta con el apoyo explícito del que fuera su presidente hasta 2019, y que por tanto concitará las simpatías y los rechazos que en su día afectaron al desempeño de Cornejo en tan importante cargo.