En cualquier país normal del mundo, son las universidades las encargadas de formar, al más alto nivel, en diferentes disciplinas a quienes desempeñan cargos en la Administración o en el gobierno. Y no al revés.

Formar parte de un gobierno no asegura a nadie estar en posesión de los conocimientos y las acreditaciones necesarias e imprescindibles para impartir la formación que requieren los estudiantes universitarios.
Pero en Salta -lugar en donde los funcionarios saben más que cualquiera y sobre cualquier materia- las universidades (en concreto la Universidad Católica de Salta) toleran alegremente que una persona, que no pertenece al claustro y cuyo único mérito es formar parte de los estratos más bajos de la Administración del Estado, «enseñe» a los alumnos que cursan las carreras de psicología, trabajo social y abogacía, sobre un tema que perfectamente pueden enseñar los profesores de la casa: El abordaje integral de delitos contra la integridad sexual.

Esto ha ocurrido recientemente en Salta, en donde la Dirección de Asistencia a la Víctima, una oficina de cuarta línea que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia del gobierno provincial, se ha atribuido el acierto de organizar una «capacitación» para estudiantes universitarios que, según parece, no encuentran en donde estudian contenidos tan interesantes.

Lo más insultante para la facultad que dirige el hoy derrotado (en la Caja de Seguridad Social para Abogados) don Eduardo Jesús Romani es que el gobierno se ha puesto por delante y por encima de sus profesores, prometiendo a los alumnos que estudian Derecho en su facultad «brindar distintas herramientas jurídicas para el abordaje de la problemática».

De haber tolerado el señor Romani este claro y manifiesto exceso académico del gobierno, en comunión con el Gran Canciller (del que, además, Romani es abogado defensor) debería pensar muy seriamente en cerrar la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y dejar que, en adelante, sus alumnos sean «capacitados» por el gobierno, que es al parecer el que sabe cuáles son las «herramientas jurídicas» que hay que aplicar.