El Ministerio de Seguridad de la Nación apelará la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta.
El Ministerio de Seguridad Nacional apelará la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta que declaró inconstitucional parte del Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo, en beneficio de Raúl Ricardo Rojas. El condenado a cadena perpetua, y ahora beneficiado por la misma justicia salteña, es el cabecilla de “Los Coyas”, una organización narcocriminal.
El fallo en cuestión termina favoreciendo Rojas, quien cumple condena por homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y narcotráfico. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, varias de estas actividades ilícitas fueron organizadas mientras el detenido ya se encontraba cumpliendo prisión.
Esto motivó su inclusión en el Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo, implementado por el Servicio Penitenciario Federal, para limitar la capacidad operativa de criminales desde el interior de las cárceles.
No obstante, al tomar conocimiento de la resolución judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un duro comunicado, puesto que Rojas podrá salir de su celda durante ocho horas diarias y recibir visitas con contacto físico. Según la cartera de Seguridad estos beneficios podrían facilitar la comunicación con el exterior.
Malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación
Según el organismo nacional, todos los beneficios mencionados elevan el riesgo de que continúe liderando actividades delictivas desde el penal. A través del comunicado, el Ministerio de Patricia Bullrich advirtió que este tipo de decisiones “responden a una lógica garantista y pro-delincuente” que debilita los esfuerzos estatales para combatir el crimen organizado, especialmente en regiones críticas como el departamento de Orán.
“Con que un solo juez mire para otro lado, alcanza para poner en riesgo la vida de los argentinos de bien”, advierte el texto, que reafirma el compromiso del Gobierno de Javier Milei con el fortalecimiento de la seguridad pública y la aplicación estricta de la ley tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.
Además, remarcaron que el régimen de alta seguridad ha sido una herramienta efectiva para evitar que los jefes de bandas criminales continúen operando desde las cárceles. Por eso, destacaron que retrocesos judiciales como este “debilitan la lucha contra las estructuras criminales más peligrosas del país”.
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