El Decreto 618/2026 habilita a una empresa privada a gestionar el cobro de prestaciones en hospitales públicos y cobrar una comisión por los fondos recuperados.

El Gobierno de Salta definió cómo se cobrarán las deudas a las obras sociales mediante el Decreto 618/2026. La norma declara de interés público una iniciativa privada para gestionar el cobro de prestaciones en hospitales públicos. Definen cómo se cobrarán las deudas a las obras sociales en Salta en un contexto de crisis financiera del sistema de salud. El objetivo declarado es recuperar fondos que las obras sociales adeudan a la provincia por atención de afiliados. La medida busca ordenar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Las obras sociales acumulan deudas millonarias con los hospitales públicos de Salta desde hace años. Esos fondos no cobrados representan un perjuicio para las finanzas provinciales y para la calidad del servicio. La iniciativa privada propone un sistema de gestión que agilice el cobro y reduzca la morosidad. El Gobierno espera recuperar recursos que hoy se pierden por ineficiencia administrativa. La medida genera expectativas aunque también dudas sobre el rol del sector privado en la gestión pública.

El Decreto 618/2026 establece el marco legal para que una empresa privada gestione el cobro de las prestaciones. La firma seleccionada cobrará una comisión por los fondos que logre recuperar para la provincia. De esta forma, el sistema busca profesionalizar una tarea que el Estado no logró resolver por sus propios medios, aunque los críticos advierten que la privatización del cobro podría encarecer el servicio y generar conflictos.

La situación de los hospitales públicos de Salta es crítica por la falta de insumos y personal. La deuda de las obras sociales agrava un panorama ya complicado por los recortes nacionales. Por ende, los gremios de la salud reclaman soluciones integrales y no solo medidas de cobro.

La iniciativa privada para el cobro de deudas a obras sociales será monitoreada de cerca por distintos sectores. Los legisladores opositores anticiparon pedidos de informes para conocer los detalles del contrato. La transparencia en la selección de la empresa y en las condiciones del acuerdo es fundamental. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos y quiénes se benefician. La política de salud requiere decisiones técnicas y no solo administrativas.

El Gobierno de Salta apuesta a que la medida permita recuperar fondos y mejorar el sistema sanitario. Los resultados se verán en el mediano plazo y dependerán de la efectividad de la gestión privada. Mientras tanto, la provincia enfrenta el desafío de sostener un sistema de salud público y gratuito en un contexto adverso. La colaboración público privada puede ser una herramienta útil si se implementa con controles adecuados. El tiempo dirá si esta decisión fue acertada o un nuevo capítulo de improvisación.

El Intra