El diputado provincial Alejandro Esper presentó un proyecto para que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) comience a cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país

La discusión por el financiamiento de la educación pública sumó un nuevo capítulo en la provincia de Salta. El diputado provincial Alejandro Esper presentó un proyecto para que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) comience a cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país, reabriendo una controversia que combina la autonomía universitaria, la reciprocidad internacional y las arcas del Estado. 

El legislador salteño fundamentó su postura argumentando que las universidades argentinas cuentan con un nivel superlativo que debe ser protegido y puesto en valor, al tiempo que remarcó la falta de reciprocidad cuando los ciudadanos argentinos viajan al exterior y deben abonar por servicios básicos de educación o salud.

El planteo de Esper busca establecer un criterio claro donde la gratuidad sea prioridad para el nativo o residente permanente, mientras que los extranjeros no residentes realicen un aporte justo por la formación que reciben. Según explicó el legislador, la propuesta no persigue un fin impositivo ni confiscatorio, sino que apunta a ordenar el sistema.

El proyecto contempla que los ingresos generados no sean destinados a rentas generales, sino que permanezcan de forma directa dentro de la propia casa de estudios para que sea la institución quien los administre e invierta con total autonomía. Esper enfatizó además que la iniciativa no representa una discriminación sino un acto de equidad, equiparable a las exigencias financieras que enfrentan los argentinos en el exterior.

El respaldo normativo desde el Ejecutivo Nacional

La iniciativa provincial se alinea de manera directa con la postura ratificada por el Ejecutivo nacional. Recientemente, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que las casas de altos estudios de todo el país se encuentran legalmente habilitadas para implementar este tipo de cobros a los estudiantes que no cuenten con residencia permanente.

La medida encuentra su amparo en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, dictado el pasado 28 de mayo de 2025, el cual modificó la Ley de Educación Superior para autorizar a las instituciones de gestión estatal a fijar retribuciones por los servicios educativos. Desde la administración de Javier Milei remarcan que este esquema mantiene intacta la gratuidad para los ciudadanos argentinos y residentes definitivos. Sin embargo, al gozar las universidades de plena autonomía, la decisión final de aplicar o desestimar el cobro recae de manera exclusiva sobre las autoridades del rectorado de la UNSa.

El Intra