La situación en la localidad se agrava tras la detención domiciliaria del intendente Atta Miguel Gerala por su vinculación con el contrabando de rieles del ramal C-25
La situación en el municipio de Coronel Juan Solá (Morillo), en el departamento de Rivadavia Banda Norte, ha alcanzado un punto crítico después de la acusación y posterior detención domiciliaria del intendente Atta Miguel Gerala. El mandatario está involucrado en un escandaloso caso de saqueo y contrabando de rieles del ramal C-25, lo que ha generado un profundo impacto tanto en la esfera política como judicial de la región.
Recientemente el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, descartó por el momento la intervención en el municipio de Morillo, subrayando que el gobierno provincial está en constante comunicación con el Concejo Deliberante de la localidad para asegurar el funcionamiento del municipio mientras se lleva adelante el proceso judicial contra Gerala. Villada destacó que, si la situación lo requiere, se evaluará la intervención en esa fecha.
El tema de la intervención del gobierno provincial ha generado un debate sobre los criterios utilizados para tomar estas decisiones. Aunque Villada afirmó que no se puede comparar el robo de patrimonio nacional con situaciones vinculadas al narcotráfico, como en el caso de Aguas Blancas, dejó claro que la medida de intervención en el municipio aún está en evaluación.
Además la situación en Morrillo, Villada se pronunció sobre como el gobierno provincial ha adoptado una postura firme en relación a la narcocriminalidad en el norte de Salta. El ministro destacó la importancia de adoptar estrategias similares a las que se implementaron en Rosario para combatir el narcotráfico, subrayando la necesidad urgente de restaurar la seguridad en una zona fronteriza marcada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Finalmente, abordó las complejidades de la situación judicial en el norte de la provincia, mencionando los procesos en curso contra jueces y fiscales provinciales y federales por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este panorama refleja la magnitud del problema, que no solo involucra a los municipios como Morillo, sino que también abarca a las instituciones judiciales.
