La Cámara de Casación dejó firme el desafuero del diputado Emiliano Estrada, acusado de utilizar empleados del Congreso para producir contenido anónimo

 Emiliano Estrada quedó oficialmente sin fueros después de que la Cámara de Casación dejara firme la resolución que habilita a la Justicia a avanzar sobre su responsabilidad penal en la causa por presunta producción de fake news. La acusación apunta a que el diputado nacional habría ordenado a empleados del Congreso manejar perfiles anónimos con contenido que relacionaba a Salta con el narcotráfico y señalaba a funcionarios locales.

La denuncia contra Emiliano Estrada se inició en Salta por intimidación pública y peculado, a raíz de videos que circularon en TikTok con acusaciones dirigidas al gobernador Gustavo Sáenz y a legisladores como Pamela Calletti. Tras las primeras actuaciones, la Justicia provincial se declaró incompetente y la causa pasó al fuero federal por decisión de la jueza Mariela Giménez, donde se investiga si se utilizaron recursos estatales para una campaña clandestina.

El eje de la investigación es determinar si Estrada ordenó a personal legislativo armar contenido falso para dañar a opositores, conducta que encuadraría en malversación de caudales públicos. Este delito contempla penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua, por lo que el avance del proceso genera un fuerte cimbronazo político en medio de un año electoral.

Las declaraciones de exempleados complicaron todavía más a Emiliano Estrada. Dos excolaboradores —Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand— admitieron haber cumplido instrucciones suyas para producir y subir los videos donde se afirmaba que Salta funcionaba “como un Estado narco”. Ambos accedieron a un juicio abreviado y recibieron condenas condicionales como partícipes secundarios.

La investigación federal continúa con nuevas medidas ordenadas por la fiscalía especializada en ciberdelitos. En paralelo, el desafuero deja al diputado expuesto a un proceso penal que podría avanzar rápidamente, mientras crece el impacto político de un caso que expone el uso de estructuras estatales para operaciones digitales encubiertas.