La agenda política e institucional de Salta vuelve a ser sacudida por graves escándalos judiciales que salpican de lleno al bloque oficialista. En el transcurso de solo siete días, la Justicia provincial y la Federal avanzaron de forma decisiva contra dos legisladores alineados con el Gobierno provincial, en causas que involucran desde el desvío de fondos públicos y loteos sociales hasta tramas clientelares vinculadas a pensiones de invalidez.

Investigación por peculado y loteos irregulares

El primer impacto ocurrió cuando se conoció la imputación provisional del diputado oficialista Héctor Raúl Vargas. La acusación incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.

La investigación judicial pone la lupa sobre irregularidades cometidas durante su gestión al frente del municipio de San Carlos. Entre los puntos más críticos de la causa se encuentran la compra y venta opaca de terrenos originalmente destinados a un loteo social, el presunto desvío de fondos pertenecientes a un programa nacional y una serie de retiros no justificados de una cuenta bancaria municipal que superan los $64 millones de pesos.

La causa de las pensiones truchas en Anta

Sin dar tregua al panorama político provincial, la Justicia Federal avanzó contra el diputado provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana. El legislador, junto a exfuncionarios y personal vinculado a hospitales del interior, quedó imputado en el marco de una investigación que busca desarticular una red dedicada a la falsificación de documentación médica para la tramitación irregular de pensiones no contributivas.

De acuerdo con el avance del expediente, la causa apunta a la existencia de una estructura clientelar montada para la obtención ilícita de subsidios estatales. La operatoria se dividía en dos eslabones principales: Una empleada municipal, identificada como María Romano, reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad y les exigía el pago de cuotas ilegales para gestionar los beneficios.

Por su parte, el diputado Orellana habría instrumentalizado estas prestaciones con fines proselitistas, estampando su firma para avalar solicitudes de postulantes que no cumplían con los requisitos legales establecidos.

Un patrón que debilita al esquema oficialista

La acumulación de causas no solo compromete la situación procesal de los legisladores involucrados, sino que instala un severo cuestionamiento sobre los mecanismos de control, el uso de las estructuras del Estado con fines personales y la falta de resguardos éticos en el armado de la representación política oficialista.

Este conjunto de imputaciones termina de retratar el momento institucional del cuerpo: la decadencia de una Cámara de Diputados que parece haberse transformado en una cueva de resguardo para dirigentes investigados por la Justicia. Sumado a la bajisima calidad legislativa del cuerpo. La degradación de la representación política resulta especialmente grave para las arcas públicas, al considerar el altísimo costo que representa para el Estado provincial mantener un recinto desconectado de la sociedad: según la última información oficial proporcionada por la propia Cámara, cada legislador salteño percibe un sueldo que alcanza los $4.839.086 pesos. Un contraste intolerable frente a las necesidades del ciudadano de a pie.

El Intra