La trayectoria judicial de Ada Guillermina Zunino, hoy jueza de Garantías y propuesta por el gobierno provincial como futura Defensora General del Ministerio Público, fue cuestionada por la defensora civil Natalia Buira, quien aseguró que carece de independencia frente al poder político.

Recordó el siniestro vial ocurrido en la Circunvalación Oeste, años atrás en el que estuvo involucrado el hijo del coordinador del gobierno provincial, Nicolás Demitrópulos.

En ese episodio, el joven conducía un vehículo luego de una fiesta y viajaba acompañado por tres adolescentes: dos chicas de 15 años y una de 13. El accidente terminó con la muerte de las dos jóvenes de 15 años. La causa llegó al juzgado de Zunino.

Para Buira, se trataba de un caso claro que debía avanzar hacia un juicio. “Era un homicidio culposo y esos delitos son de instancia pública. A toda la comunidad le interesa saber qué pasó y si hubo responsabilidad”, explicó.

Sin embargo, según señaló la defensora, la causa nunca llegó a debate oral. “Recuerdo que incluso hubo marchas de familiares de una de las víctimas, que vivía en el barrio El Tipal. Pero después la causa desapareció del debate público y nunca se elevó a juicio”, sostuvo.

Impunidad para Benjamín Cruz 

Otro expediente que también pasó por el despacho de Zunino es la denuncia por tráfico de influencias contra el exministro de Seguridad Benjamín Cruz.

La presentación había sido realizada por el propio Ministro de Seguridad, por ese entonces Abel Cornejo, en relación con la intervención de Cruz.

Aunque el fiscal Ramiro Ramos Ossorio pidió en 2014 la elevación a juicio de la causa, el expediente nunca avanzó hacia esa instancia. “Hasta hoy no hubo ninguna resolución sobre la elevación a juicio”, explicó Buira.

Y recordó que, en ese proceso, la decisión final dependía justamente del juzgado de Garantías a cargo de Zunino. “Es la jueza quien debe decidir la elevación a juicio. Y hasta ahora no hubo ningún movimiento en esa causa”, afirmó.

La abogada también repasó el recorrido de Zunino dentro de la justicia salteña. Según explicó, inició su carrera como secretaria en Metán, luego pasó a desempeñarse como jueza de Familia en Tartagal, tras la creación del Juzgado de Familia N°2.

En ese período ocurrió el femicidio de Romelia Pistone, una mujer que había solicitado protección judicial por violencia de género. De acuerdo con Buira, en el expediente existía un informe de la Oficina de Violencia Familiar de la Corte que advertía que el agresor representaba un riesgo alto para la víctima.

“Ese informe se traspapeló en el juzgado y no se aplicaron medidas de protección, y el caso terminó en femicidio”, recordó. Pese a ese antecedente, Zunino continuó su carrera dentro del Poder Judicial.

“No fue apartada del sistema. Al contrario, fue trasladada y terminó como jueza de Garantías en la capital”, señaló.

Para Buira, todos estos antecedentes chocan con el rol que debería cumplir quien esté al frente de la Defensoría General.

“El defensor general debe estar orientado a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar su defensa frente al poder del Estado”, explicó.

Sin embargo, considera que el perfil de Zunino apunta en otra dirección. “Es una jueza orientada a proteger al poder, no a controlar al poder”, afirmó.

Por eso cuestionó la decisión del Ejecutivo de impulsar su nombramiento. “Los cargos como la Defensoría General, la Procuración o incluso la Corte no deberían ser botines políticos”, sostuvo.

Opinorte