Con la renuncia de las autoridades del Concejo, los empleados no pueden cobrar sus sueldos al no haber nadie que firme la documentación.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán enfrenta un serio conflicto institucional tras la renuncia de las principales autoridades del Concejo Deliberante, lo que ha dejado al órgano legislativo en un estado de acefalía total. El presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo renunciaron a sus cargos, lo que ha paralizado el funcionamiento del cuerpo deliberativo.

Esta situación ha generado una crisis de gobernabilidad en el municipio oranense, afectando tanto el desarrollo de las sesiones legislativas como el pago de sueldos a los empleados del Concejo, ya que no hay autoridades para firmar los documentos correspondientes.

El conflicto comenzó con la renuncia de Alejandra Pato, presidenta del Concejo y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), quien se apartó del cargo alegando maltrato y faltas de respeto por parte de otros bloques, especialmente del PRO. Aunque Pato renunció a la presidencia, no lo hizo a su banca como concejal, lo que generó sospechas sobre posibles maniobras políticas para mantener influencia en el recinto y negociar con el Ejecutivo municipal.

La situación en Orán empeoró cuando la vicepresidenta, Mirta Copes, del bloque Avancemos PRO, también presentó su dimisión bajo circunstancias similares. Se cree que, al igual que Pato, Copes busca fortalecer su bloque político al permanecer como concejal sin asumir la dirección del Concejo. La renuncia del vicepresidente segundo, Héctor Urdapilleta, aliado de Pato, terminó por profundizar la crisis, dejando al órgano legislativo sin autoridades que lo representen.

En medio de este escenario, surgieron denuncias sobre presiones políticas y la promoción de renuncias masivas a cargos políticos por parte del secretario legislativo Carlos «Tucán» Manzur, quien también renunció. Según los rumores, estas renuncias, que supuestamente serían temporales, se presentaron como una muestra de lealtad hacia Pato, aunque los firmantes ahora temen perder sus empleos definitivamente. Algunos empleados denuncian que fueron forzados a participar en lo que consideran una maniobra política para mantener el poder, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Voces Críticas.