De carácter autárquico y vinculada al Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de la Producción y el Empleo, la AMT tiene la potestad de planificación, organización, regulación, fiscalización y control en pos de garantizar la normalidad del servicio público de transporte en la región metropolitana de Salta. Tres de sus empleados, junto a un cuarto involucrado, fueron descubiertos por autoridades de la entidad realizando maniobras espurias para quedarse con dinero que le pertenece al Estado provincial.

El grave hecho empezó a hacer ruido en el interior de la AMT tras el faltante de un auto en una de sus playas de estacionamiento. El presidente del organismo, Marcelo Ferraris, fue quien denunció lo ocurrido e inició una investigación interna, donde a través de cámaras de seguridad de la empresa confirmaron la presencia de un hombre que tras entregar un papel al guardia, sacó el auto y se retiró. Dicha investigación permitió saber que entre 150 y 160 vehículos confiscados fueron eliminados del sistema informático.

La cuantificación del daño provocado al Estado provincial es más de 9 millones y medio de pesos, teniendo en cuenta que los dueños de los vehículos secuestrados debían pagar unos 60.000 pesos -promedio general- para llevarse el auto. Dinero que no ingresó a la AMT. Según testimonios colectados por los sabuesos de la UDEC, los sospechosos cobraban unos 35.000 pesos por fuera de la empresa, ganancia que los imputados se quedaban y que es relativa, dado que depende del modo en que se realizaron cada una de las entregas

Fuente: AgendaSalta