El caso gira en torno de supuestos pagos compulsivos que exgerentes de uno de los organismos hicieron en favor de la organización política denominada La Cámpora, como también el uso ilegal de bienes donados.

Durante una audiencia multipropósitos celebrada ayer jueves, ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, la fiscalía amplió la acusación penal en contra de la directora de la filial local del PAMI, Angélica Verónica Molina, y el asesor de la ANSeS Salta, Marcos Vera Ramírez, contra quienes ya se abrió una investigación penal por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.

En este caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, sumó nuevos hechos a ambos funcionarios respecto al delito de peculado. En el caso de Vera, solicitó la acumulación de otra investigación seguida en su contra por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado.

Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y a Fernando Andrés Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos pero tenía amplia vinculación con Vera Ramírez. 

Fuente: ElExpreso